Diputados aprueban sanciones a funcionarios públicos por compra de voto

Las conductas que serán sanciona son: la difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende, desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral

FOTO: Cuartoscuro
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En San Lázaro, con 423 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones los diputados aprobaron reformas para que por primera vez el INE castigue hasta con 844 mil 900 pesos, para este año, a los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno que intenten coaccionar el sentido del voto de los electores.

Desde tribuna Pablo Gómez, proponente de la iniciativa, expuso con esta reforma pretenden hacer arqueología, sino llevar el propósito de luchar contra los privilegios y los sistemas de impunidad.

Se trata de la lucha electoral en la que los organismos públicos intervienen utilizan a los empleados y luego les garantizan completa impunidad tanto a los empleados como a los jefes. Un sistema que tiene este precepto como el que queremos cambiar por completo el día de hoy dejarlo atrás, es uno de los peores sistemas electorales que pueda haber en el mundo, repartir impunidades desde la ley electoral es la peor cosa que se pueda hacer, destacó.

Las conductas que serán sanciona son: la difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende, desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral.

También se encuentra el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando la conducta afecta la equidad de la competencia.

Otra conducta que será sancionada es la utilización de programas sociales y de recursos del ámbito federal estatal, municipal o de la Ciudad de México, que tenga el propósito de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Las sanciones a los funcionarios públicos van desde la amonestación pública hasta la multa, por 5 mil unidades de medida de actualización y se agrava cuando se haga uso de recursos públicos por la presión o coacción de los electores para inducir su sentido del voto.

Por Elena Soto y Nayeli Cortés

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