Desdeñan combate vs. tortura

Suman 27 los gobiernos que no han aplicado las disposiciones obligatorias

La Ciudad de México tiene 40 por ciento de cumplimiento en esta materia. Foto: Especial
La Ciudad de México tiene 40 por ciento de cumplimiento en esta materia. Foto: Especial

El 84 por ciento de los estados incumplen en la armonización legislativa para combatir la tortura en México.

Pese a que contaban con tres meses para modificar sus leyes, y ya ha pasado un año y siete meses, sólo Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Hidalgo y Colima registran mayores adecuaciones, aunque siguen siendo insuficientes.

En total, 27 gobiernos no han aplicado 19 disposiciones jurídicas obligatorias, conforme a los compromisos que México firmó a través de convenios internacionales para construir un marco jurídico de prevención y combate a la tortura.

Nueve de las 19 disposiciones no alcanzan ni 50% de avance; seis más no llegan ni a 60 y las disposiciones más armonizadas en este ejercicio, que son sobre los derechos de la víctima de tortura, reparación e indemnización justa, así como la tipificación del delito de tortura permanece en 62.5%, detalló la directora ejecutiva del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura (MNPT) de la CNDH, Ninfa Delia Domínguez Leal.

Tenemos 18 meses con esa ley y todavía algunas legislaciones no han llegado a la obligatoriedad de los 90 días, destacó.

Las disposiciones que menores avances tienen: obligación de legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, protección de los derechos de las personas con discapacidad en los centros de reclusión, protección de los derechos de las personas con discapacidad mental en condiciones de privación de libertad, las tres registran una calificación de 7.5, teniendo como calificación máxima 100.

Desde junio de 2017, el gobierno mexicano expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y se reformaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, luego de que suscribieron la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

No es sólo preocupante, sino indignante que aspectos tan graves como la violencia sexual, como forma de tortura, no encuentre eco para ser adoptado en el marco jurídico nacional, dijo Domínguez.

 

Por Ricardo Ortiz

jrr

 

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