Dependencias incumplen transparencia

EPN creó un protocolo para conocer las contrataciones públicas; lo han omitido

CUARTOSCURO.
CUARTOSCURO.

En agosto de 2015, el gobierno federal expidió un protocolo para poner en una caja de cristal toda la información sobre las contrataciones públicas y concesiones, pero en este tiempo, y luego de una investigación de El Heraldo de México, mediante la Ley de Acceso a la Información a más de 50 instituciones, sólo una mostró soporte de cumplimiento.

Ni siquiera lo hizo el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –tampoco se deslindó de no ser parte de ese ordenamiento–, ni la Presidencia, ni Bansefi, donde despacha Virgilio Andrade, a quien como secretario de la Función Pública, le fue encomendada la tarea de implementar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas.

Especialistas, como Isaak Pacheco, investigador del departamento de desarrollo económico y social del centro de investigación Ethos, existe una complicación técnica y presupuestal que implica poner en marcha el protocolo. Reconoce el esfuerzo por desarrollar plataformas en línea para hacer público el proceso de contrataciones gubernamentales, pero considera que sólo atiende los fines intermedios, como transparentar el proceso, mientras que no atienden el fin último, que es lograr una verdadera rendición de cuentas.

Como parte de las solicitudes de información de este diario a las áreas correspondientes de las contrataciones públicas (Oficialía Mayor, Órgano Interno de Control y Recursos Materiales) de cada dependencia, no entregaron copias del material y requisitos que debió, y debe, recabarse de cada contratación pública a partir del anuncio de las licitaciones (pocas pidieron prórroga, pero se venció el plazo y no entregaron la información).

El protocolo consta de la divulgación de manifiestos de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares con servidores públicos, de los particulares que intervienen en los procedimientos, así como posible conflicto de interés. Todo lo anterior es para evitar negocios turbios y relaciones sospechosas en los contratos. El espíritu del acuerdo del Protocolo obliga al registro documental a partir del contacto entre particulares y servidores públicos relacionados con adquisiciones, permisos, concesiones y otorgamientos de licencias.

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El incumplimiento al Protocolo de Actuación no es asunto menor en materia de ejercicio presupuestal. De enero de 2017 a la primera semana de diciembre, el gobierno federal, según Compranet, firmó contrataciones públicas por 461 mil 684 mdp (una parte de estos contratos son plurianualidades, es decir que van más allá del año que terminó, pero son compromisos firmados en 2017). Lo anterior no incluye los ingresos de las concesiones, ni permisos, ni licencias.

Al negar la solicitud de información sobre los contratos, se obstaculiza el objetivo de contar con mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés. Es decir, al final del sexenio de Peña no se ha avanzado en uno de los temas que más ha marcado la administración.

Los responsables de cada dependencia, según el protocolo, son los encargados de hacer que se ejecute, de lo contrario, será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades.

TRANSPARENCIA: AVANCE DE FORMA, NO DE FONDO 

No importan los avances jurídicos y tecnológicos implementados en la última década para reducir los hechos de corrupción ni los conflictos de interés en los procesos de contratación pública; aún persisten las viejas prácticas que permiten la corrupción.

Para el investigador Isaak Pacheco, en la forma se están cerrando los espacios al actuar irregular de los funcionarios públicos y empresarios licitantes; en el fondo existen formas para que se cuele la corrupción.

Cuestiones tan sencillas como entregar las propuestas en sobre cerrado, cosa que muchas veces se omite, o abrir los sobres en un evento público son instrumentos que, aunque no tengas una videograbación, dan certeza a los interesados en el proceso de contratación, dijo.

Sobre la implementación del protocolo de Actuación en Contrataciones Públicas, el investigador expuso que son pocas las dependencias familiarizadas con sus requisitos, y sólo algunas, como las relacionadas con el sector energético, cumplen los lineamientos.

Aunque entiende la complicación técnica y presupuestal, considera vital que en contrataciones estratégicas, se cumpla.

Pacheco reconoció el esfuerzo por desarrollar plataformas en línea que hacen público el proceso de contrataciones gubernamentales, pero considera que sólo atiende los fines intermedios, como transparentar el proceso, mientras que no atienden el fin último, que es lograr una verdadera rendición de cuentas, comprobando la necesidad de emprender una obra o contratar un servicio.

 

Por Alejandro Sánchez/ Con información de Luis Pérez

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