Alistan multa para los que no voten

Desde multas hasta restricciones administrativas y negativa de trámites para los incumplidos, sugiere

 FRESCO. Felipe Fuentes recibió el encargo apenas en enero de este año. Foto: Pablo Salazar Solís
FRESCO. Felipe Fuentes recibió el encargo apenas en enero de este año. Foto: Pablo Salazar Solís

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) va por establecer sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar en las elecciones.

En entrevista con El Heraldo de México, el magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, explicó que los castigos pueden ser multas, no poder tramitar la licencia de conducir ni acceder a cargos administrativos.

Usted llamó a reflexionar que no votar tenga consecuencias, ¿cuál es el motivo?

—Hay experiencias internacionales donde se sanciona que los ciudadanos no acudan a las urnas y se tiene una participación muy alta. Debemos darle legitimidad a quien está en el poder y la legitimidad emana del voto, si no hay participación, nuestra autoridad no se ve cubierta de ese manto. Será una tarea que los legisladores tendrán que sopesar.

¿Las elecciones en México no garantizan la legitimidad con el número de votos?

—No han garantizado una copiosa participación. La hubo en 2017-2018, pero recordemos que en Puebla se redujo la participación y lo mismo ocurrió en otras elecciones estatales. Debemos hacer este ejercicio de pensar en esta posibilidad de sancionar que no se ejerza el voto.

De acuerdo con datos del INE, 63.4% de los electores del país votaron en la elección presidencial de 2018. En contraste, este año en la elección extraordinaria de Puebla sólo participó 33% del padrón local.

¿Qué tipo de sanciones hay en otros países?

—Desde la imposición de una sanción económica hasta limitar el ejercicio de ciertos derechos, no dar licencia de conducir, alguna situación de carácter administrativo, no poder tener acceso a ciertos cargos, tendríamos que hacer esa comparación respecto a otros países.

¿No habría peligro de una lluvia de amparos?

—Por eso llamé a la reflexión, primero hay que valorar los escenarios y uno es la posibilidad que se impugne. Ahora, habrá que ver qué tipo de reforma ameritaría, porque si es una reforma constitucional, hasta ahora la doctrina que se ha construido en el país no procede ni el amparo ni ningún medio de impugnación contra reformas constitucionales.

¿Sería posible una reforma en esta legislatura?

—Eso ya está en la cancha del Poder Legislativo, yo nada más lo pongo en la mesa de discusión.

En países europeos como Bélgica, no votar se castiga con multa de 30 a 60 euros (entre 650 y mil 300 pesos) en la primera ocasión, y a los reincidentes se le puede impedir la contratación en la administración pública o bloquear un ascenso laboral. En esa nación participó 85 por ciento de los votantes durante la elección del parlamento europeo de 2014. Sin embargo, en Grecia y Chipre también hay sanciones y la participación fue de 60 y 44 por ciento, respectivamente.

CASOS CONTROVERTIDOS

El presidente de la Sala Superior del TEPJF dijo que hay un marco legal adecuado para afrontar las elecciones de 2021, por lo que consideró que sería mejor elaborar la Reforma Electoral después de ese año, pues se corre el riesgo de improvisar.

Los órganos públicos electorales locales y los tribunales electorales han sido baluartes en la protección del voto. Desaparecerlos implicaría que para 2021 no tuviéramos a esas instituciones participando en la protección de la democracia y ahí me preocuparía a quién le daríamos esa competencia y si en un periodo tan corto tendría la experiencia suficiente.

—¿En el caso de la llamada ley Bonilla de Baja California, la reforma electoral podría incluir un candado para evitar que se repitan estos casos?

—No puedo tocar ese tema porque podría estar en la cancha del tribunal electoral, la ley me impide adelantar un juicio. Creo que el ejercicio que se realizó en el Congreso local entra dentro de la soberanía de esta legislatura, ellos son los que tomaron la decisión en el marco que les permite la Constitución porque tienen libertad de configuración legislativa.

La pasada legislatura aprobó una reforma para ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador, el morenista Jaime Bonilla, quien fue electo para un periodo de dos años.

Por Gerardo Suárez

edp

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