Alistan Infonavit a 2.4 millones de trabajadoras domésticas

Diputadas de Morena alistan reformas a la Ley del Trabajo

VISIBLES Colectivos de mujeres han promovido el respeto a sus derechos. Foto: Cuartoscuro
VISIBLES Colectivos de mujeres han promovido el respeto a sus derechos. Foto: Cuartoscuro

Diputadas de Morena presentaron una iniciativa para otorgar a las personas trabajadoras domésticas el derecho a cotizar en el Infonavit y tener acceso a un crédito para vivienda.

Esta iniciativa coincide con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandató en diciembre otorgar acceso a prestaciones laborales a las personas dedicadas al trabajo doméstico, que en México suman 2.4 millones.

En su propuesta de reforma a las leyes Federal del Trabajo y del Infonavit, las diputadas Teresa López, Verónica Ramos y Katia Castillo reconocen que, en México, las labores domésticas son consideradas parte de la actividad normal de las mujeres y es complicado que quienes realizan este oficio lo hagan en condiciones dignas.

 

Nuestras leyes permiten que trabajen hasta de doce horas sin seguridad social, contrato, garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro. Son vulnerables, indican en la exposición de motivos de la iniciativa.

 

Un primer paso para dotarlas de derechos se dará el próximo 1 de abril, cuando el IMSS eche a andar el programa piloto que dará a las personas trabajadoras domésticas acceso a estudios y atención de todas las enfermedades; a guarderías, a velatorios, a medicamentos, a pensión para el retiro o por invalidez e incapacidades por riesgo de trabajo, embarazo o enfermedad, detalla Norma López, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS.

La incorporación será sencilla: el trabajador generará su número de seguridad social; solicitará el aseguramiento; informará cuál es su salario mensual; cuántos patrones tiene y cuántos días trabaja con cada uno. Con esta información, el IMSS generará una línea de captura en la que se especificará cuánto dinero pagará cada patrón.

Durante la vigencia del programa piloto (18 meses) —mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— no habrá sanciones para los patrones que no paguen, pues se utiilzará la experiencia en ese lapso para proponer un marco legal y, entonces sí, aplicar sanciones, detalla López Castañeda.

 

Por NAYELI CORTÉS Y ELENA SOTO

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