Puerto Rico vota convertirse en nuevo estado de EU en medio de la crisis

Este domingo se celebrará en Puerto Rico un plebiscito para consultar a la población si quiere convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos.

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El gobernador de Puerto Rico sigue adelante con su principal promesa de campaña, la de tratar de convertir este territorio estadounidense en un estado más de Estados Unidos, y con ese fin llevará a cabo el domingo un nuevo plebiscito, que espera le haga llegar un fuerte mensaje al Congreso estadounidense.

Su partido lanzó una agresiva campaña publicitaria en la que exhorta a la población a date a respetar con su voto y optar por la estadidad para que la isla pueda recibir el mismo tratamiento que los demás estados de parte del gobierno federal, lo que, según los impulsores de la propuesta, ayudaría a paliar los efectos de una recesión que ya lleva diez años y que ha hecho que cerca de medio millón de puertorriqueños se vayan a la parte continental de Estados Unidos.

Si bien no paga el impuesto federal a los ingresos, Puerto Rico hace aportes al Seguro Social y al programa Medicare (seguro médico para mayores de 65 años), además de los impuestos locales, pero recibe menos fondos federales que los estados de Estados Unidos.

Quienes apoyan la estadidad y algunos economistas afirman que ese trato desigual contribuyó a la crisis económica de la isla, derivada en gran medida del fuerte endeudamiento y también de la eliminación de incentivos económicos federales.

Es evidente que necesitamos hacer un cambio de ruta hacia un nuevo futuro, expresó el senador oficialista Carmelo Ríos. Puerto Rico se encuentra en el punto más crucial de su historia moderna, donde su modelo político-económico ha colapsado, la sociedad ha hecho crisis, el gobierno no puede auto-sostenerse y hemos visto con mucho dolor cómo los nuestros parten de nuestro lado en busca de una mejor oportunidad de calidad de vida.

Archivo AFP

 

El plebiscito coincide con el 100mo aniversario de la concesión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, que, no obstante, no pueden participar en las elecciones de Estados Unidos y tienen un solo representante en el Congreso, con poderes limitados.

Los votantes elegirán entre tres opciones: estadidad, libre asociación/independencia o el actual estatus territorial. Si la mayoría apoya libre asociación/independencia, habrá otro referendo a principios de octubre con esas dos opciones. Sea cual fuere el resultado del plebiscito, la última palabra la tendrá el gobierno estadounidense y muchos creen que un Congreso dominado por los republicanos no aprobará a Puerto Rico como 51er estado.

Una reciente consulta de Gaither International indicó que más del 60% de los encuestados opina que resolver el status de la isla aliviará los problemas de Puerto Rico. Una encuesta puerta a puerta hecha del 24 al 26 de mayo por el diario El Nuevo Día reveló que el 52% de los consultados están a favor de la estadidad, comparado con el 17% a favor del actual status y un 15% que prefiere la opción asociación libre/independencia. El margen de error fue de 3,2 puntos porcentuales.

El gobernador Ricardo Rosselló firmó esta semana una medida que lo autorizaría a elegir dos senadores y cinco representantes que enviaría a Washington a pedir la estadidad, la misma estrategia que empleó Tennessee cuando fue incorporado a la unión en el siglo 18.

Nuestra situación colonial es insostenible y ha contribuido a crear la actual crisis fiscal y económica, afirmó Rosselló.

Puerto Rico ha realizado cuatro plebiscito sobre el tema. En los primeros tres no hubo una clara mayoría y los votantes estuvieron divididos entre la estadidad y el status quo. Pero en el plebiscito del 2012, el 54% dijo que quería un cambio de status. Un 61% de las personas que respondieron a una segunda pregunta dijo que prefería la estadidad. Casi medio millón de personas, no obstante, dejaron esa casilla en blanco, lo que hizo que muchos adujesen que el resultado era ilegítimo.

El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello. Foto: AFP

 

Hay quienes cuestionan el momento en que se llama a este nuevo plebiscito, un mes después de que el gobernador de la isla dijera que Puerto Rico empezaría un proceso parecido al de una bancarrota para reestructurar parte de su deuda pública de 73.000 millones de dólares.

Impulsar la estatidad en tiempos normales es ya de por sí bastante difícil; hacerlo estando en un tribunal de bancarrotas es totalmente ridículo, sostuvo Amílcar Barreto, profesor asociado de la Northeastern University especializado en la política y la identidad de Puerto Rico. No podían elegir un peor momento. No pensaron mucho, tal vez por la desesperación, cómo esto puede hacer cambiar de parecer al Congreso.

Tres partidos políticos isleños están boicoteando el plebiscito del domingo, incluido el principal partido de oposición. Se preguntan por qué el gobierno gasta más de 5 millones de dólares para convocar una votación en medio de una crisis y hacen notar que el Departamento de Justicia estadounidense no ha apoyado la consulta.

Un vocero del departamento dijo que esa agencia no ha revisado ni aprobado el lenguaje de la consulta. Las autoridades federales rechazaron en abril una versión previa, en parte porque no incluía como opción el actual status. El gobierno de Rosselló incorporó esa opción y volvió a enviar la propuesta para que fuese revisada, pero el departamento dijo que necesitaba más tiempo y pidió que la votación fuese pospuesta, lo que no sucedió.

Los opositores a la estadidad que boicotean el plebiscito dicen que quieren preservar la identidad cultural de Puerto Rico y retener mayor control sobre la isla.

Si la isla pasase a ser un estado, los puertorriqueños tendrían que pagar millones de dólares en impuestos federales, señaló Manuel Calderón Cedrame, vicepresidente de la rama juvenil del principal partido de oposición.

La estadidad no es un modelo económico. Es un modelo político, manifestó. Desde que soy pequeño, en Puerto Rico se ha dicho que el estado más pobre de los Estados Unidos es Mississippi. A mis 28 años, todavía Mississippi sigue siendo el estado más pobre. No hay garantías que establezcan que la estadidad significaría un impulso económico para Puerto Rico.

Incluso si hay un ganador claro en la consulta del domingo, nada cambiará sin el visto bueno del gobierno estadounidense, destacó Barreto.

Todo está en las manos del Congreso, declaró. Y tengo fuertes sospechas de que, al margen del resultado, el Congreso probablemente ignore los resultados del plebiscito y, después de una semana, haga de cuenta que no hubo uno.

Por AP

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