Manuel Moix, Fiscal Anticorrupción español, gozó de ventajas económicas

El Gobierno español, que en estos meses defendió a Moix en todas las polémicas que lo rodearon, optó por guardar silencio finalmente en este caso.

El fiscal anticorrupción Manuel Moix. EFE
El fiscal anticorrupción Manuel Moix. EFE

El fiscal anticorrupción español, Manuel Moix, que llevaba solo tres meses en el cargo, dimitió hoy tras la polémica suscitada al saberse que es propietario, junto a sus hermanos, de una empresa radicada en Panamá, con ventajas fiscales, lo que generó un aluvión de críticas de la oposición política.



El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que anunció la renuncia irrevocable de Moix a petición propia, dijo que no ve en él una conducta incorrecta.

La dimisión, sin embargo, no calmó los reproches de los partidos opositores, pues consideraron que el comportamiento de Moix ya había dañado a las instituciones españolas y que su renuncia llegaba tarde, mientras que el conservador Partido Popular, en el Gobierno, lo definió como un gran fiscal, un hombre justo, aunque puede haberse equivocado en algunos casos.

Por su parte, la tres asociaciones españolas de fiscales celebraron la dimisión por necesaria, dado el riesgo que suponía su permanencia en el puesto para la imagen del ministerio público.

Moix, que accedió al puesto en febrero pasado, ya había generado otras controversias por decisiones como retirar a determinados fiscales de algunos casos de corrupción e incluso algunos de sus subordinados se rebelaron contra él por considerar que obstaculizaba su trabajo.

El diario digital español Infolibre informó el lunes pasado de que Moix comparte con tres hermanos una sociedad con ventajas fiscales en Panamá, que es propietaria de una vivienda en la provincia de Madrid (centro de España) valorada en algo más de medio millón de euros (unos 600.000 dólares).

Además de la oposición, numerosos compañeros de la carrera fiscal entendieron que era incompatible, desde el punto de vista ético y moral, que Moix posea el 25 % de una empresa offshore y, al mismo tiempo, persiguiera delitos de corrupción y crimen organizado en España.

Además, algunos de sus subordinados se enfrentaron a él en una reunión al considerar que Moix intentaba entorpecer una investigación sobre la supuesta corrupción del expresidente regional de Madrid Ignacio González (centro-derecha), quien mostraba una buena opinión del fiscal en unas escuchas policiales.

La oposición, por su parte, había pedido la comparecencia de Moix y del ministro español de Justicia, Rafael Catalá, en el Parlamento para dar explicaciones.

Anteriormente, con el voto mayoritario de la oposición, el Congreso de los Diputados había reprobado a Catalá, al fiscal general Maza y a Moix por maniobras para obstaculizar causas judiciales de supuesta corrupción del gobernante PP.


El Gobierno español, que en estos meses defendió a Moix en todas las polémicas que lo rodearon, optó por guardar silencio finalmente en este caso.


Todavía Moix fue defendido hoy por Maza, su superior jerárquico, con el argumento de que no existen motivos para su cese.

Según Maza, que eligió a Moix para la Fiscalía Anticorrupción, no hubo en su comportamiento ninguna clase de ilegalidad o irregularidad, ni siquiera incompatibilidad, aunque aceptó la renuncia.

Moix argumentó en días anteriores que no había ilegalidad alguna en tener con sus hermanos una empresa en Panamá y aseguró que esta nunca tuvo actividad y que era una herencia de sus padres.

Ahora volverá al Tribunal Supremo, donde ya ejerció de fiscal, y será sustituido provisionalmente por la teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez.

El líder del Partido Socialista (principal de la oposición), Pedro Sánchez, aseguró a la prensa que la dimisión de Moix llegó tarde y mal y, en su opinión, se produjo por la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública.

El secretario general del izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, no cree que la renuncia sea suficiente. Ministros y fiscales ‘offshore’ que degradan la democracia y parasitan las instituciones. Hay que echarlos, escribió en Twitter.

También el secretario general de Ciudadanos (liberales), José Manuel Villegas, opinó que debía haber dejado el cargo hace tiempo y consideró preocupante que el fiscal general Maza no aprecie ningún motivo para cesarle.

Los partidos independentistas catalanes PDeCAT y ERC pidieron, respectivamente, la dimisión del propio ministro de Justicia y de Maza, así como la constitución de una comisión parlamentaria de la verdad que destape casos como éste. @EFE

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