Expropian y dejan morir a empresas otras voces

Los regímenes de Chávez y Maduro han estatizado 526 firmas, pero no han logrado hacerlas funcionar

AFECTADA. En 2017, fue confiscada la planta de General Motors, valuada en 100 mdd. Foto: Reuters
AFECTADA. En 2017, fue confiscada la planta de General Motors, valuada en 100 mdd. Foto: Reuters

CARACAS. En 2005, inició en Venezuela un proceso de intervención a la propiedad privada. Ocupaciones y expropiaciones de predios agrícolas y estatizaciones de empresas de distintos sectores económicos empezaron a registrarse ese año, durante la gestión presidencial de Hugo Chávez Frías.

El Estudio Empresas Propiedad del Estado en Venezuela, un modelo de control del Estado, realizado por la organización Transparencia Venezuela, arrojó que durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Estado venezolano incrementó de 74 a 526 las empresas bajo su administración a través de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones o reestatizaciones.

La mayoría de ella no ha reportado beneficios para el país, ni en forma de dividendos, regalías o impuestos para el Tesoro Nacional, ni en bienes y servicios para la sociedad, afirmó esta organización no gubernamental.

El Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), advierte que la productividad de empresas estatizadas en Venezuela disminuyó hasta el punto de no poder elaborar eficientemente los productos y servicios necesarios para atender la demanda nacional, lo que ha contribuido a potenciar la escasez que se evidencia en distintos sectores.

La política sistemática de ataque en contra del derecho de propiedad para la implantación del socialismo del siglo XXI nos condujo de forma irremediable a la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo hoy en el país, dijo a El Heraldo de México, Ana María Carrasquero, investigadora de este observatorio.

La economista Tamara Herrera, directora de la firma Síntesis Financiera, destaca el precario resultado de las empresas bajo control del estado. El desempeño de las empresas expropiadas y gestionadas bajo principios populistas insostenibles que las tornaron esqueletos. Lo cual demuestra que más hace el Estado por el pueblo si se ocupa de asegurar la salud y educación básica, expresó a este diario.

El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, identificó más de 139 mil casos de afectación al derecho a la propiedad en Venezuela entre 2005 y 2018, que incluyen cierres temporales de comercios, decomisos, expropiaciones, fiscalizaciones, ocupación temporal e intervenciones de empresas, multas, rescates de tierras y ventas supervisadas.

Si bien Venezuela no era ajena la propiedad pública de empresas, lo que yo creo que es el principal rasgo que diferenció esta actuación de momentos previos de la historia de Venezuela e incluso de la región, fue que no solamente era un incremento de la propiedad pública, sino un rechazo a la propiedad privada, dijo a El Heraldo de México el economista Richard Obuchi, uno de los autores del libro Gestión en Rojo, una evaluación sobre el desempeño de 16 empresas estatales.

Yo quisiera pensar que esto no fue por diseño, pero sin duda alguna era una consecuencia previsible de un modelo de gestión caracterizado por el control central y por una serie de mecanismos que han probado históricamente ser inútiles para mejorar el bienestar de la población, agregó Richard Obuchi.

 

EL MÁS RECIENTE CASO

 

El gobierno de Venezuela levantó una intervención a Banesco, el principal banco privado del país, tras nueve meses de investigaciones por operaciones en el mercado paralelo de divisas, según un decreto que circuló el pasado viernes.

El documento publicado en la Gaceta Oficial indica que el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, ordenó suspender la medida en aras de proteger la estabilidad del sistema bancario.

La entidad fue intervenida en mayo luego de que el presidente Maduro ordenara congelar miles de cuentas de empresarios y particulares, principalmente de Banesco, por supuestamente participar en operaciones fuera del control de cambio vigente en la nación OPEP.

 

Por JESSICA MORALES

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