¿Y la seguridad de los alcaldes, señor Presidente?

El escenario futuro puede ser aún más ensombrecedor, porque la violencia política tendería a reproducirse como un mecanismo autoritario de acceso al poder y no precisamente en las urnas

Rubén Salazar Vázquez / Director de Etellekt / Columnista Invitado

En materia de violencia política era predecible que las tendencias aumentaran por el alto número de alcaldes que habían sido amenazados en los últimos dos años. En esta situación se encontraban los dos ediles asesinados en abril pasado, David Otlica, de Nahuatzen, Michoacán, y Maricela Vallejo Orea, de Mixtla de Altamirano, Veracruz, asesinada junto con su esposo y chofer. El Indicador de Violencia Política de Etellekt (IVP) tenía registro de amenazas previas en contra de ambos actores cuando aún eran alcaldes electos, en el caso de Maricela Vallejo, había recibido amenazas desde septiembre de 2017, antes de que rindiera protesta, lo mismo ocurrió con David Otlica en agosto de 2018.

En ambos casos, los ediles asesinados habían sostenido fuertes disputas con grupos de poder locales que activaban una alerta temprana para la autoridad. ¿Por qué el Centro Nacional de Inteligencia no pudo advertirlo y prevenir estos ataques? ¿Por qué darle custodia federal sólo a los ex presidentes Fox y Calderón y no a los alcaldes en funciones que han sido amenazados? En este punto la austeridad resulta un pretexto inadmisible, a tal grado que el Senado de la República aprobó recientemente la creación de un nuevo cuerpo de seguridad integrado por militares para resguardar la integridad del Presidente. ¿Será acaso que a los gobiernos estatales no les importa prevenir más atentados contra munícipes, porque la mayoría de ellos pertenecen a partidos de oposición? ¿Estará adoptando la misma lógica el gobierno federal? De acuerdo con los datos de Etellekt, durante el primer trimestre de 2019, habrían sido amenazados 40 alcaldes en funciones, de los cuales 28 son opositores a los gobiernos estatales (70%).

De ser así, el escenario futuro puede ser aún más ensombrecedor, porque la violencia política tendería a reproducirse como un mecanismo autoritario de acceso al poder y no precisamente en las urnas, sino anulando literalmente al adversario cuando ya es gobierno, convirtiendo a las instituciones democráticas en un verdadero cuento de hadas en el ámbito municipal.

Para revertir esta situación, apenas el pasado 24 de abril exponía ante alumnos de la Universidad de las Américas Puebla, por invitación del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, la necesidad de que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación de estos casos y evitara la creciente impunidad en una problemática que amenaza la viabilidad misma del Estado mexicano. Justo dos horas después de exponer lo anterior, se presentaba el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, el cuarto en contra de un alcalde en la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

De su gobierno no esperaba que con una varita mágica detuviera en poco tiempo los niveles de violencia que heredó del pasado, pero sí al menos que se diferenciara de sus antecesores e hiciera algo más por garantizar la seguridad de políticos y funcionarios electos del país sin ningún tipo de distinción de orden partidista. El Presidente debe entender que para que haya un pueblo bueno, se requiere primero rescatar al Estado, empezando por garantizar la seguridad de sus representantes.

@ETELLEKT_

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