La ley Kumamoto, triunfo ciudadano

En un país habituado a las derrotas, la ley 'Sin votos no hay dinero' del diputado Pedro Kumamoto es una victoria de los ciudadanos.

Pedro Kumamoto festejaba a su manera, que no tiene nada qué ver con las celebraciones políticas con champaña y platillos caros. A su alrededor no había un enjambre de guardias y asistentes, y cuando supo que se había declarado constitucional la ley ‘Sin voto no hay dinero’, apenas separó las comisuras de los labios y mostró sus grandes dientes blancos de 27 años.

Kumamoto no esperaba esta decisión, que también tomó por sorpresa a partidos y gobiernos (para bien unos cuantos y para mal una multitud). El proyecto de resolución planteaba un voto en contra de la mayoría de los ministros, pero a la hora de la votación se modificó y terminó 7-5 a favor de declarar constitucional la ley para reducir el financiamiento de los partidos en Jalisco.

Es una resolución sensata porque los estados del país tienen autonomía para determinar cómo sostienen a los partidos y bajo qué fórmulas. Pero no solo por eso: resulta insostenible un financiamiento descarado como el que los partidos se acaban de aprobar para el próximo año –más de 6 mil 700 millones de pesos para ellos y 18 mil millones para el Instituto Nacional Electoral–, sin razones ni argumentos sostenibles.

La decisión de la la Suprema Corte de Justicia representa una ruptura y un parteaguas: ahora sí la presión social que abrió paso a la ley en Jalisco se trasladará a los demás estados para que sus congresos discutan y eventualmente aprueben reducir el dinero público a los partidos.

Vamos por otros estados para que esta iniciativa suceda, dijo Kumamoto con los faldones de la camisa bailándole por fuera de los jeans. Vamos a recuperar la política para los ciudadanos.

Pero aprobar esta ley en más estados exigirá un esfuerzo y un temple de hierro ante las resistencias partidistas e institucionales.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, y consejeros como Ciro Murayama han defendido el modelo público de financiamiento sobre la premisa de evitar que los partidos sean cooptados por intereses fácticos o por intereses sombríos como el narcotráfico.

Ese argumento supone que es preciso darles miles de millones de pesos para evitarles esa tentación. Lo que no se entiende es que haya una oposición a limitar el financiamiento público cuando se pasea ante los ojos de todos la influencia del narco, del crimen organizado y de los poderes fácticos en los partidos.

Una vez más la Suprema Corte interviene en un momento crítico de país. Se trata de una resolución trascendental que desde ayer detonó una extensa discusión sobre la urgencia de revisar el modelo.

La atmósfera de rechazo general a unos partidos políticos desfondados por la corrupción, la impunidad y a la política como negocio podría llevar las cosas al extremo de cancelarles el financiamiento público (lo cual exigiría una reforma constitucional).

En un país habituado a las derrotas, la Ley Kumamoto es una victoria de los ciudadanos.

Columna anterior: Las alcancías del PRI

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