Vivienda, un barril sin fondo

Un derecho para los más desprotegidos es usado clientelarmente

Esperanza Barajas / Primer Cuadro / Heraldo de México
Esperanza Barajas / Primer Cuadro / Heraldo de México

Muchos grupos políticos han traficado con la necesidad de vivienda de la gente por décadas. Las organizaciones de vivienderos existen en la ciudad desde que el PRI gobernaba, pasaron al PRD y ahora son parte de la clientela de Morena. Ellos son los más beneficiados de los programas gubernamentales y ahora el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum destinará 240 millones de pesos para arreglar las unidades habitacionales que deberían cubrirse con el pago de mantenimiento de cada dueño.

Basta darse unas vueltas por las unidades que ha construido el Instituto de Vivienda (Invi) para ver las condiciones de deterioro, salvo algunas excepciones: falta luz en las áreas comunes, las bombas de agua no sirven, los barandales son un peligro, la pintura alguna vez fue en paredes y puertas; todo esto porque la gente que habita las viviendas no se siente obligado a pagar el mantenimiento.

Muchos beneficiarios de estos programas de vivienda no sienten un compromiso de pagar por el cuidado del inmueble, a pesar de las condiciones tan favorables de pago que tienen, pues las mensualidades van de 800 a 2 mil pesos, en una deuda de entre 20 y 30 años.

Para acceder a este tipo de vivienda la gente se afilia a organizaciones y tiene que participar en mítines, marchas y plantones políticos que cite su líder, a quien hay que pagarle un dinero para que haga las gestiones ante la autoridad por el inmueble. En otros casos con un dinero por delante evitan el activismo y los registran en algún proyecto.

El año pasado, en San Simón Tolnahuac, en la delegación Cuauhtémoc, dabas 520 mil pesos a cambio de un departamento, después se pagaría mensualmente 900 pesos por 20 años, es sólo un ejemplo de cómo se saca ventaja de un programa social.

De acuerdo con las reglas del Invi y las mismas escrituras que firman los nuevos poseedores, esta vivienda popular no se puede rentar, pero un número importante de estos departamentos está subarrendado.

Se supone que los institutos de vivienda del Estado fueron concebidos para garantizar un derecho, sobre todo a los más necesitados que no pueden acceder a otro tipo de crédito, por eso llama la atención que en algunas viviendas del Invi los dueños posean vehículos Mini Cooper o motocicletas Harley.

Vale la pena que la autoridad revise las condiciones en que se encuentran y estos inmuebles y las razones por las que se ha dado tal deterioro, antes de que se inyecten más recursos públicos. Son 240 millones de pesos este año, que deberían destinarse a proyectos que beneficien a todos los habitantes de la ciudad. Patricia Ruiz Anchondo no es la primera vez que ocupa el cargo de procuradora social, así que conoce perfectamente estos problemas. El Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales no es innovador, quizá es tiempo de que aplique la ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles.

 

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@esbarajas

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