El Obamacare mexicano

Igual que sucede con el Obamacare en EU, los detractores del Seguro Popular pugnan por desaparecerlo, el "repeal and replace" republicano, sin una mejor opción


Cada cierto tiempo surgen voces contra el Seguro Popular (SP), como se conoce al Sistema de Protección Social en Salud, aprobado por todos los partidos representados en el Congreso de la Unión en mayo de 2003.

Décadas antes, se crearon institutos como el Seguro Social, el de Trabajadores del Estado o de las Fuerzas Armadas para dar servicios médicos y prestaciones laborales a sus trabajadores. Desde luego, el crecimiento poblacional rebasó por mucho la oferta laboral, por lo que cada vez más gente quedaba desprotegida en caso de enfermedad.

Frente a esta realidad intrínsecamente injusta, el mundo y México (1983) avanzaron para reconocer la protección a la salud como derecho humano y no laboral. La distinción es importante. Esto es, toda persona tiene derecho a recibir servicios de salud, mientras que las prestaciones de seguridad social siguen vinculadas a su condición laboral.

No obstante ello, todavía hay quienes insisten que el SP promueve la informalidad, sin evidencia causal al respecto. Simplemente, los casi 3 millones de empleos creados en esta administración desmienten tal afirmación. Nadie rechazaría un trabajo formal con beneficios como guarderías, pensión de vejez o viudez, incapacidad o cobertura de riesgos de trabajo, adicionales a la atención médica. Más aún, la evidencia que existe es la contraria: a más salud, mejor rendimiento académico, más oportunidades de trabajo formal y mayor productividad.

Pero igual que sucede con el Obamacare en EU, los detractores del SP pugnan por desaparecerlo, el repeal and replace republicano, sin una mejor opción para atender médicamente a los millones que no tienen IMSS, ISSSTE, ISSFAM y que pueden ser profesionistas, artistas, consultores o familias de migrantes, que además pagan impuestos.

Desde luego, el SP no es perfecto. Sí logró dos aciertos: estatus legal para no convertirse en un programa clientelar y un instrumento financiero para garantizar el suministro equitativo de fondos públicos: mismas reglas para todos los afiliados, en todos los estados. Lo que faltó, claramente no sólo en el ámbito de salud, fue la regulación estatal para forzar la rendición de cuentas y evitar los desfalcos de gobernadores y funcionarios locales. Como sucede a menudo, el problema no es el diseño, sino la implementación.

Y tampoco es eterno.  De hecho, el SP fue concebido como transición hacia la universalidad de los servicios de salud. Es decir, el objetivo es converger en un solo sistema de salud para todos los mexicanos, con igual calidad y cobertura.

Lamentablemente, dicha reforma estructural sigue pendiente, mientras se exige al SP atender más pacientes y cubrir más padecimientos. Por eso sorprende la recurrencia de los ataques, obviando el dato que cada beneficiario es un potencial defensor. Hoy son más de 54 millones.

Hay programas sociales que se han modificado varias veces (Oportunidades, Progresa, Prospera). Al SP ni siquiera el nombre han podido cambiarle.

En todo caso, al igual que los beneficiarios del Obamacare, los afiliados al SP no aceptarán nada menos de lo que ahora reciben.

 

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