Una política de evaluación de y para el aprendizaje

La falta de una política de Estado para la evaluación de aprendizaje es uno de los principales retos del país

Jennifer O’Donoghue / Mexicanos primero / El Heraldo de México
Jennifer O’Donoghue / Mexicanos primero / El Heraldo de México

El nuevo artículo 3º constitucional define el derecho a la educación como la triple inclusión: que todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) estén, aprendan y participen en la escuela.

Es un gran avance, pero cambiar la Constitución no es equivalente a progresar en la garantía del derecho. Transitar del papel a la vida real de NNJ implica contar con información para la toma efectiva de decisiones, el diseño adecuado y la puesta en marcha de mejores prácticas, en las escuelas, en las zonas escolares, en las oficinas burocráticas estatales y en la Secretaría de Educación Pública federal.

Pero hoy no contamos siquiera con información básica sobre el desarrollo del aprendizaje de las personas. Para 1.2 millones de jóvenes de 3º de secundaria que esta semana participan en Planea, es efectivamente su primera oportunidad de contar con información sobre su aprendizaje en el contexto de sus pares en todo el país.

En 2013, como niñas y niños de 3º de primaria, participaron en ENLACE, pero su cancelación ese año rompió la continuidad y les quitó la posibilidad de dar seguimiento a lo ahí diagnosticado. Ya saliendo de la primaria, participaron en Planea 2016, edición invalidada (porque las autoridades incumplieron los estándares para su aplicación) que tampoco permitió dar seguimiento a su camino de aprendizaje.

Entonces se encuentran hoy, al final de su paso por la educación básica, con una evaluación meramente sumativa que les dirá lo que no aprendieron, pero difícilmente les servirá como mecanismo de aprendizaje hacia el futuro.

La evaluación debe ser de las personas y para las personas. Para cada NNJ, la participación en la evaluación debe ser una oportunidad de autoeficacia, de reconocer lo que saben, y pueden hacer y desarrollar confianza en sus propias capacidades; para cada maestra y maestro, un impulso para el ajuste en sus prácticas; para las familias, un mecanismo de participación en el desarrollo de sus hijas e hijos; para las autoridades, una base sobre la cual construir y mejorar políticas educativas. En resumen, una experiencia de aprendizaje para todos.

Para lograr esto, necesitamos una política de evaluación integral, incluyente, equitativa, intercultural y de excelencia, como marca la Constitución recién aprobada.

Sin embargo, seguimos pensando en términos de una prueba, una muestra, una aplicación o una administración políticaPlanea es una herramienta; no puede representar la totalidad de nuestros esfuerzos.

La falta de una política de Estado para la evaluación de aprendizaje –que no se limite a un instrumento o un momento y que trascienda cualquier gobierno– sigue siendo uno de los principales retos para responder a las necesidades

e intereses de aprendizaje de las NNJ en el país, y así tomar

las decisiones y las medidas necesarias para no sólo mejorar, sino progresar en la garantía del derecho a aprender de todas y todos.

JENNIFER O’DONOGHUE

DIRECTORA GENERAL DE MEXICANOS PRIMERO

@JENNODJOD

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