Una de las tres

Es correcto que se castigue a los ministros, en caso de resultar culpables. También habría que exigir lo mismo para funcionarios cercanos al Presidente

Georgina Trujillo
Georgina Trujillo / Heraldo de México / Columna Invitada

En menos de siete días, dos integrantes del Poder Judicial de la Federación han dejado sus cargos en medio de escándalos de presunta corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero. Eduardo Medina Mora renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia, poco antes de que congelaran todas sus cuentas bancarias; Jorge Arturo Camero Campos, magistrado del Primer Circuito, fue destituido de manera indefinida.

Los dos eran investigados por inconsistencias graves en sus transacciones desde hace algunos meses por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los ministros tienen un historial de desavenencias con la 4T; Camero Campos en específico, con el tema del Aeropuerto de Santa Lucía. El dictamen de su suspensión se dio horas después de su voto en contra de la revocación del amparo de suspensión de este proyecto. Sin embargo, hay evidencias concretas sobre irregularidades en dicho proceso de revocación, lo que levanta sospechas de posibles presiones por parte del Ejecutivo federal.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, comentó sobre la destitución de Camero, que se trata de su política de cero tolerancia a la corrupción y que al parecer, la casa estaba muy sucia desde hace mucho.

Cabe preguntar dónde estuvo Zaldívar todo este tiempo, porque él también ha desempeñado su cargo desde hace algunas administraciones federales. Es correcto que se castigue a los ministros en caso de resultar culpables. También habría que exigir lo mismo para funcionarios cercanos al Presidente, con antecedentes financieros igualmente irregulares.

Podríamos decirlo de Marcelo Ebrard o Manuel Bartlett, de quien, por cierto, según una encuesta de Animal Político, 92.4 por ciento de los mexicanos cree que se le debería abrir una carpeta de investigación.

Pero somos hoy testigos de la judicialización de la política en México, aquella que es selectiva y que no está encaminada a combatir la impunidad, sino a abonar a la popularidad de un personaje político o régimen.

Es el mismo abuso del poder y la antidemocracia propia del periodo neoliberal, como le gusta llamarlo al Presidente. Prácticas del pasado que se supone que este régimen transformador no debiera repetir.

A esto se suman otros claros abusos y decisiones unilaterales: las cancelaciones del NAIM, las rondas petroleras, el Consejo de Turismo, los proyectos de energía eólica en La Ventosa, las estancias infantiles, los refugios para madres solteras, y un largo etcétera.

Con estos hechos, el Presidente consolida su control totalitario y su margen de acción desde el poder. Sin embargo, la economía sigue sin crecer, la inseguridad sigue cobrando víctimas y la desigualdad no desacelera; pero según las encuestas, su popularidad está mejor que nunca.

Parafraseando al escritor Francisco Martín Moreno, hay tres posibilidades: o vemos datos falsos de las encuestas, o estamos ante la desinformación del pueblo o de plano, ante su imbecilidad.

POR GINA TRUJILLO

COLABORADORA

@GINATRUJILLOZ

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