Tlahuelilpan, entre la negligencia y la omisión

Habrá que abordar ésta tragedia desde la óptica del análisis y valoración de la estrategia emprendida en la lucha contra el robo de combustibles

Francisco Gárate Chapa / Articulista / Heraldo de México
Francisco Gárate Chapa / Articulista / Heraldo de México

La semana que recién concluyó marcó con el signo de la tragedia el incipiente inicio de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo es un duro golpe que no puede ser ignorado ni minimizado.

 

Habrá que abordar ésta tragedia desde la óptica del análisis y valoración de la estrategia emprendida en la lucha contra el robo de combustibles. Lo primero, que los responsables de la política energética del país siguen siendo omisos en aclarar y despejar las dudas que existen respecto de si la crisis de desabasto en realidad tiene su origen en la lucha contra el robo o es una cortina de humo frente a torpes decisiones de cancelar compra de petróleo ligero y de gasolina a los Estados Unidos, para voltear a ver a su aliado político-ideológico de Venezuela y hacer ahora compras a ese país; pero partiendo de la base de que en efecto haya una real decisión y voluntad de combatir el robo de combustibles, ya sea directamente de las refinerías o de los ductos de Pemex, inquieta mucho que a la fecha, literal, solo algunos huachicoleros menores, que transportaban bidones o tambos de gasolinas en camionetas, sean los únicos detenidos, de quienes supongo que ni remotamente podrían haber generado un daño patrimonial de las dimensiones de miles de millones de dólares que ahora Santiago Nieto nos dice que existe.

 

Sorprende como el gobierno federal pretende evadir su responsabilidad sobre la tragedia; por supuesto, quienes realizan la actividad de robo de combustibles, voluntariamente se ponen en situación de riesgo y de eso no podemos culpar al gobierno federal, pero pretender excusarse diciendo que es muy difícil para 25 soldados contener a 600 personas o que no van a combatir violencia con violencia es quererse lavar las manos.

 

Porque cabe preguntarse: ¿la capacidad de la autoridad para imponer el orden, el estado de derecho, para evitar la comisión de un ilícito, para cuidar los ductos, dónde quedó? Porque en el robo de combustible no estamos en estricto ante un problema social, sino frente a una conducta delincuencial de robo y de daño en bienes ajenos.

 

Vale señalar que el número de efectivos de fuerzas armadas ronda ya los 300 mil, con esa cantidad ¿por qué no haber desplegado del Campo Militar N° 1 o de la Base Aérea de Santa Lucía, que están a menos de 100 km de distancia de donde sucedieron los hechos, a 100 o 200 elementos que impusieran el orden? Si es tan grave y oneroso el robo de combustible de los ductos, ¿por qué no despegar cada 10 km un pelotón de 10 elementos?, en un ducto de 300 km de longitud se utilizarían para el cuidado de los mismos 300 elementos; eso, sin considerar que pueden existir otras opciones como drones, o los mecanismos de identificación de pérdida de presión cuando se rompen tuberías.

 

Por supuesto, que es de aplaudirse toda acción que busque preservar el orden y la vigencia del estado de derecho, lo que no se vale es que con pretextos nimios se pretenda evadir responsabilidad, en un asunto en el que el Gobierno Federal cuenta con los elementos y recursos para imponer el orden y con ello no solo haber evitado el hurto, sino la tragedia y en eso está su responsabilidad, que no puede evadir y en la que por supuesto, existen responsables de negligencia y lenidad que deben de renunciar.

 

Por: Francisco Gárate Chapa

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