Suprema Corte: Libertad o censura

La SCJN tiene la oportunidad de resolver un pendiente estructural que involucra los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa

Suprema Corte: Libertad o censura

El dinero que el gobierno federal gasta en difundir sus logros en medios de comunicación es inaudito: Vicente Fox destinó 16 mil millones de pesos en su sexenio y Felipe Calderón, también del PAN, acumuló 38 mil millones, apenas mil millones menos de lo que oficialmente ha erogado el priista Enrique Peña Nieto en cinco años y que, con los 2 mil 623 millones presupuestados para 2018, impondrá nueva marca.

¿Es mucho o poco gastar 40 mil millones de pesos en publicidad oficial? Ya se sabe que equivale a lo estimado para la reconstrucción por los sismos, pero el gobierno de Peña destinó, en los primeros cuatro años del sexenio, 39 mil millones de pesos en construcción, modernización y fortalecimiento de 640 hospitales y clínicas, así como alrededor de 2 mil 900 unidades de consulta externa.

Es decir, lo que el gobierno federal destina a infraestructura para atender la salud de los mexicanos equivale a lo que gasta en publicidad para convencerlos de que sí trabaja.

Pero a la descomunal cantidad de dinero que se destina a la publicidad, se suma la discrecional y discriminatoria asignación a los medios de comunicación, usados como premio o castigo, una práctica censora que resumió como nadie José López Portillo: No pago para que me peguen.

La demanda de reglamentar el uso de dinero público a comunicación social es añeja e involucra no sólo al Ejecutivo federal –Peña prometió hacerlo–, sino a los tres niveles de gobierno –los estados despilfarran sin control–, los poderes de la Unión y los organismos autónomos.

Por eso, este miércoles 15, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de resolver un pendiente estructural que involucra entre otros derechos fundamentales los de libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa: La reglamentación de la publicidad oficial para medios de comunicación.

El proyecto del ministro Arturo Zaldívar plantea conceder el amparo a la organización Artículo 19 y ordenar al Congreso de México expedir la ley que regule el gasto en comunicación social a más tardar el 30 de abril de 2018, es decir, antes de que concluya el periodo de sesiones del Congreso y justo a un mes de iniciadas las campañas federales, incluida la presidencial.

La falta de reglamentación del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, afirma el ministro, provoca un ejercicio arbitrario del presupuesto, porque favorece a medios afines al gobierno y limita recursos a medios críticos, asfixiándolos financieramente. Es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión.

Esta decisión de reglamentar la publicidad oficial depende no sólo de Saldívar, sino de los otros cuatro miembros de la Primera Sala de la SCJN: José Ramón Cossío, quien propuso que la Corte atrajera el caso, votaría a favor, pero Norma Lucía Piña,  Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena son una incógnita.

Apuntes: A Ricardo Monreal Morena no le dará nada.

 

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