Sistemas disciplinarios anticorrupción en las empresas

La atención de las denuncias de corrupción son fundamentales dentro del sistema disciplinario

Carlos González Seemann / Opinión El Heraldo de México

Hoy en nuestro país, las personas morales pueden ser sancionadas cuando se cometan actos de corrupción en su nombre, representación o en su beneficio y, de determinar su responsabilidad, se valorará que cuenten con una política de integridad; imponiéndoles un deber de cuidado y por tanto, es posible sancionarlas como titular de la obligación de garante. Es decir, puede ser responsable no sólo por una comisión directa de la conducta corrupta, sino incluso por no haber tomado las previsiones necesarias para que otra persona, sobre la cual tiene el deber de cuidado, no cometiese el acto.

Tras la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las personas morales deben establecer mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y una política anticorrupción; para ello, estos mecanismos deben comprender, entre otros elementos, medidas que inhiban la práctica de conductas corruptas y un sistema adecuado de denuncias, procesos disciplinarios y sanciones respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la ley.

Esto nos permite afirmar que uno de los elementos más relevantes dentro de las políticas de integridad es el sistema disciplinario, compuesto por las herramientas de denuncia, de procesos disciplinarios y de sanciones concretas. Al interior de las empresas suele ser difícil explicar su importancia en la efectividad de la prevención de la corrupción. Y tal vez el camino más directo para exponerlo es ver a la corrupción como un resultado de decisiones racionales, esto nos permitirá apreciar que, cuando una persona decide comportarse de forma corrupta lo hace porque el costo es inferior a los beneficios que espera obtener. Así, los instrumentos eficaces en la lucha contra la corrupción al interior de las empresas serán aquéllos que consigan que los costos sean mayores a las ganancias esperadas. De este modo, en un entorno de racionalidad de los agentes, éstos serán capaces de conocer y valorar los efectos de sus acciones y eventualmente contenerse a los actos de corrupción. Para ello, tenemos identificados tres tipos de costos: la ética personal, el rechazo social y la aplicación de sanciones legales.

Estos tres ejes se deben ver reflejados en una política anticorrupción. La ética personal consiste en crear en el individuo la percepción de sí mismo como alguien que actúa en contra de los principios adoptados en la empresa y con los que se identifica; ello se logra mediante la capacitación y reafirmando los valores institucionales anticorrupción.

Por su parte, el costo social consiste en que la comunidad considere estos comportamientos corruptos como actos egoístas y lesivos para la comunidad, lo que producirá su rechazo en diferentes planos de la vida social. Finalmente, el costo asociado a las sanciones comprende, por un lado, la responsabilidad externa –institucional que deriva de las sanciones administrativas y hasta penales en que puede incurrir, pero también, los costos adicionales ínter–institucionales como sanciones económicas, suspensiones sin goce de sueldo y hasta la pérdida del empleo.

Es aquí donde las empresas deben poner atención, pues la sanción debe enseñar a los demás que existen consecuencias claras y concretas, siendo indispensable que se conozcan las sanciones a que se pueden hacer acreedores. Por lo que la recepción y atención de las denuncias de corrupción y su seguridad en la investigación son fundamentales dentro del sistema disciplinario.

Si bien los sistemas disciplinarios internos de las empresas son el último eslabón de un programa anticorrupción eficiente, por ser un medio correctivo, son una de las partes más importantes de estos programas y eso lo debemos hacer entender al interior de las empresas.

POR PABLO ESCUDERO MORALES
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ESPECIALISTA EN COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y CREADOR DEL PEIC (PROGRAMA DE ÉTICA INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO)

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