Sin sorpresas en el PRI

Veinte minutos le bastaron a la Comisión Política del Consejo Político Nacional del PRI para consumar lo que a todas luces se venía perfilando. Perdió en 20 minutos la posibilidad de dar un paso hacia la modernidad. Su candidato a la elección presidencial más reñida en este siglo XXI será elegido con un arcaico método del siglo XX: la Convención de Delegados.

Paradójicamente, al mismo tiempo hubo un chispazo de pragmatismo. Se eliminó la obligación de afiliarse al PRI para cualquier candidato simpatizante. Será suficiente presentar la solicitud para participar en proceso interno, una vez que se emita la convocatoria; tener ciudadanía mexicana en pleno goce de derechos políticos; satisfacer los requisitos de la legislación electoral, Mostrar conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito alguno, ni por ejercer violencia política por razón de género; cumplir con la residencia efectiva para el cargo que se busca.

Fue sintomática la ausencia de Manlio Fabio Beltrones y varios gobernadores. La única voz discordante desde hace meses fue la de Ivonne Ortega. La ex gobernadora de Yucatán, ex senadora y diputada con licencia luchó porque el método de selección se abriera a todos los ciudadanos, organizado por el INE. Pero además recibió otro revés esta semana. Los diputados priístas le echaron abajo la iniciativa para modificar el impuesto especial a las gasolinas para que bajaron los precios a niveles del año pasado. La nota pasó desapercibida.

Luego de la 41 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del 00 el camino está pavimentado desde el Centro Histórico hasta Insurgentes norte.

El 8 de diciembre de 2006, el entonces presiente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. De inmediato le llovieron críticas. El término ‘guerra’ tiene muchas implicaciones reguladas por convenios internacionales, por lo que no puede declararse con esa ligereza. De cualquier modo, entiendo los motivos y la urgencia que tuvo Calderón. Su ‘guerra’ inicio con más de 4 mil elementos del Ejército enviados a su estado natal, Michoacán.

Eso es historia. Hoy me pregunto ¿por qué Ricardo Anaya tardó once años en decir que fue un error haber sacado al Ejército a las calles? Solo se me ocurren dos posibles respuestas. 1) No se dio cuenta 2) no le convenía o no se atrevió a decirlo. El problema es que, más de una década tarde, su mea culpa pierde toda credibilidad.

Nadie le creerá que está convencido del error. Más bien que se trata de una revancha producto de su enfrentamiento con el expresidente Felipe Calderon. Mientras vivió del muy buen trabajo que le dio el gobierno calderonista como subsecretario de turismo no dijo ni una palabra.

Aseguró: nosotros somos los que le hemos fallado al Ejército encomendándoles tareas que no le correspondían. ¡Bravo, el abogado se dio cuenta! Pero, si es tan consciente del problema, ¿por qué no ha ordenado a sus legisladores que aprueben ya la Ley de Seguridad Interior que solucionará el ‘error’ y dará certidumbre jurídica al Ejército que defiende?

¿Te gustó este contenido?