Simulaciones

La noche del 13 de septiembre se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

Wilbert Torre / Serendipia / Heraldo de México
Wilbert Torre / Serendipia / Heraldo de México

La simulación es uno de los juegos más frecuentes de la política. Simular es un recurso para aparentar, con fintas más pronunciadas que las de Neymar, una voluntad dudosa o inexistente, y también un instrumento extraordinario para escapar si algo no sale bien.

En México esta forma de hacer política fingiendo un paso que en realidad no se da, fue una constante en los gobiernos y las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso. El ritual de traslado del poder por primera vez de una fuerza política de izquierda plantea una pregunta inevitable: ¿hay formas de simulación y autoritarismo que son consustanciales o inseparables de la política?

La noche del 13 de septiembre, empleando el voto de la nueva mayoría de Morena, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que determina que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República y regula las remuneraciones de los servidores públicos para crear un tope salarial.

La ley elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales administrativos, la PGR, Presidencia y todas las dependencias federales. Incluirá a organismos y empresas del sector paraestatal.

Nada que rebase el salario del Presidente será legal. Nadie podrá ganar más que Andrés Manuel López Obrador: 108 mil pesos mensuales. La historia de esta ley comenzó con una gran simulación: aprobada hace siete años por una mayoría compuesta por el PRI y sus aliados, entre ellos el PAN en el Senado, la minuta que decretaba un tope a los salarios de la burocracia jamás fue turnada a la Cámara de Diputados, por decisión de los mismos partidos que habían alzado la mano para darle luz verde.

A veces una simulación sucede a otra. Esto ocurrió el 14 de septiembre pasado, cuando la mayoría de Morena aprobó la minuta enviada a dormir durante siete años, pese a que la nueva oposición del PRI y el PAN advirtieron inconsistencias en el marco normativo, con la inclusión del Sistema Nacional Anticorrupción y nuevos capítulos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

La mayoría de Morena aprobó un bodrio legislativo a pesar de los llamados a detener el proceso y abrir un periodo de análisis y discusión. Casi dos meses más tarde, este champurrado de simulaciones parió una ley que, tal cual fue aprobada, no resistiría una revisión de la Suprema Corte de Justicia.

La ley no puede tener vigor sino hasta el 1 de enero porque la Constitución establece que una vez que empiece el ejercicio presupuestal no es posible bajar los salarios. ¿Cómo se resolverá este entuerto de corte Prianmorena?

Todo indica que el presidente Peña devolverá la ley acompañada de observaciones para que una nueva iniciativa sea discutida, como aconsejaba la oposición del PRI y del PAN, junto con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, en noviembre próximo.

 

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@WILBERTTORRE

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