Sensibilidad a prueba

La política social, esa lucha contra la pobreza que lleva décadas, no puede ni debe ser monopolio del Estado

Javier García Bejos / El Heraldo de México
Javier García Bejos / El Heraldo de México

Si algo marcará el 2019 que se aproxima, será la nueva relación entre el gobierno federal y el sector privado.

Las señales que se han enviado en estas semanas han sido claras: la administración del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador se abre paso hacia nuevos objetivos que requerirán para su cumplimiento, más que discursos y buena voluntad, compromisos que permitan construir en el panorama económico una agenda común.

Ésta deberá garantizar desarrollo y generación de empleos en los años por venir, alzando una bandera que ha desplegado sin descanso la nueva administración: la necesidad de atender a las personas en la pobreza más extrema.

En ese sentido, es un buen momento para que el sector privado en México reconsidere las prácticas de Responsabilidad Social, así con comillas, para que vayan más allá de los desgastados y poco transparentes mecanismos de participación, y sean sustituidas por verdaderas políticas corporativas, en donde por principio de cuentas se cumpla con lo más sencillo: alentar la formalidad del empleo y cuidar las condiciones y contratos de trabajo.

El aumento consensuado al salario mínimo es un inicio alentador, pero falta acelerar la capacidad y compromiso de pequeñas y medianas empresas, que ahora deben abandonar cualquier forma de informalidad.

Un empleo formal es la manera más duradera para acabar con la pobreza entre la población más vulnerable, de ahí la importancia de esta visión. Pero, por otro lado, la gran industria productiva del país, en particular, debe tener un compromiso mucho mayor en las comunidades en donde despliegan sus actividades; el crecimiento debe sentirse allí en las localidades donde viven sus empleados, en donde sus vecinos merecen percibir que la presencia de la industria es motivo de desarrollo y no a la inversa.

En cuanto a lo que se ha hecho desde distintas dependencias y organismos autónomos en nuestro país, hoy la información socioeconómica recabada nos permite entender cuáles y en dónde están las carencias de las personas y sus comunidades.

Por ello, en principio, no hay razón para que no podamos adoptar una forma de desarrollo más equilibrado, que se vea y se sienta en las comunidades y se viva en las familias mexicanas.

Al final, queda claro que la política social, esa lucha contra la pobreza que lleva ya varias décadas, no puede ni debe ser monopolio del Estado. Justamente por esta razón, no hay nada que en el corto plazo pudiera resultar en mejores resultados en esta materia que generar corresponsabilidades claras, en donde las empresas sean protagonistas de nuevas formas de participación, como lo exigen los nuevos tiempos que vivimos.

 

javier garcía bejos colaborador

@jgarciabejos

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