Seguridad y DDHH
¿Cómo ser parte de la solución, sin entregar un cheque en blanco al gobierno federal y mucho menos estar a favor de la militarización del país?
Fue mi apuesta para votar en lo general, tras diversos análisis y discusiones, entendiendo que el país reclama soluciones urgentes, pero que la seguridad pública no debe abrir la posibilidad de afectar los derechos humanos.
La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional (GN), impulsada por el Presidente de la República, a través de su bancada, es una respuesta parcial y los errores o aciertos de su implementación, aunque dependen de su gobierno, precisan de un marco legal adecuado.
La realidad no se transforma por decreto: pese a las estrategias recientes, la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes.
El Diagnóstico sobre México, hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, es demoledor:
“Vivimos una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por extrema inseguridad y violencia; desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y sus familiares”, se detalla.
Abrir el debate a la opinión pública obligó a la mayoría en la Cámara de Diputados a incorporar algunas propuestas de la oposición: logramos crear una institución policial con mando civil; eliminar la facultad exclusiva para que el Presidente dispusiera de ella y que los gobernadores puedan solicitar su colaboración.
La formación, capacitación y desempeño de la GN se regirá por una doctrina policial, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y perspectiva de género; se obliga al Ejecutivo federal a presentar un informe anual del desempeño; se eliminaron las facultades que pretendía dar Morena al Presidente para regular la Guardia Nacional bajo la figura de decreto y disponer de policías auxiliares de los estados y de los cuerpos de seguridad privada.
El general Benito Medina -único militar en San Lázaro- señaló que la GN necesita “una semilla, un cimiento”: las Fuerzas Armadas, explicó, aportarán experiencia, conocimiento y 10 por ciento de sus integrantes, con la perspectiva de que lo antes posible, se capacite a los reclutados y empiecen a relevar a las fuerzas militares, para que al final del sexenio, quede integrada en su mayoría por civiles.
Urgen ahora, leyes reglamentarias para lograr una estructura institucional eficiente, evitando la militarización y garantizando un sistema de justicia autónomo, además de expedir las leyes de Guardia Nacional y Uso de la Fuerza y, como advertí en la discusión, no hay congruencia política ni administrativa, pues se contraponen las facultades de la Sedena y la Secretaría de Seguridad.
La “autoridad moral” que dice tener el nuevo gobierno, debe sujetarse a la ley, pues quedó en entredicho al lanzar la convocatoria para reclutar a la Guardia Nacional, sin que estuviera aprobada por el Congreso.
Es preciso detener la tentación del autoritarismo, aunque su discurso esté plagado de las mejores intenciones.
ANA LILIA HERRERA
DIPUTADA FEDERAL
@ANALILIAHERRERA