Seguridad interior, opinión popular y la construcción de instituciones

La presencia de los militares en las calles no es la solución, es la realidad. La LSI servirá para reglamentar esa realidad, limita espacios geográficos y el tiempo en que se utilizarán Fuerzas Armadas

Seguridad interior, opinión popular y la construcción de instituciones

La propuesta de una Ley de Seguridad Interior (LSI) que regule las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ha levantado una ola de críticas y protestas fundamentadas en concepciones viciadas, politizadas y obsoletas del empleo de las fuerzas militares por una democracia. Las nuevas amenazas, incluyendo el crimen organizado y desastres naturales, demandan del empleo proporcional de todas las herramientas del Estado. Las leyes están para adaptarse a la realidad y no al revés.

Este diciembre se cumplen 11 años desde que el presidente Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo operaciones de seguridad en Michoacán y con ello, incrementar su papel en la lucha contra el crimen organizado. El diagnóstico en ese momento era que el crimen había desbordado las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y la intervención de las Fuerzas Armadas (Sedena y Semar) era necesaria para permitir que las agencias de seguridad y justicia (SSP y PGR, así como sus pares a nivel estatal y las policías municipales) tuvieran espacio y oxígeno para crecer y eventualmente asumir el papel principal en la seguridad del país.

Once años después, el escenario no ha cambiado mucho. Las fuerzas armadas se mantienen –de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 del Inegi- como las autoridades de seguridad pública en las que la población confía más… y por mucho. La Marina y el Ejército (84% en promedio) están más de 20 puntos arriba de la Policía Federal y la PGR (62% en promedio) en cuanto a confianza ciudadana y 30 puntos arriba de la confianza en las policías municipales y estatales (54%, en promedio). Estas cifras son una tragedia, pues deben deberían de ser las policías las que tienen más confianza ciudadana. México funciona al revés.

Más allá de las opiniones de activistas de las ONG, investigadores extranjeros y otros grupos políticos y politizados que se declaran alarmados por la supuesta ‘militarización’ que traerá al país la LSI, la Envipe sirve como termómetro para validar en quien confía la población mexicana en materia de seguridad.

¿Qué ha pasado con las autoridades civiles en estos 11 años? Aunque han crecido y, en algunos casos mejorado, las agencias federales aún no tienen la capacidad de asumir el papel principal en las operaciones seguridad. Bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Federal creció de una manera significativa entre 2007 y 2012, quintuplicando su estado de fuerza de menos de 8,000 a más de 40,000 policías y desarrollando nuevas capacidades de inteligencia, policía cibernética, científica y aeromóvil. Hay que aclarar que el crecimiento de la Policía Federal no necesariamente fue ideal, creció de una manera centralizada y su desarrollo fue opacado por escándalos mediáticos y operativos. Sin embargo, el crecimiento y desarrollo de capacidades se dio gracias a unidad de mando, constancia y consistencia en sus políticas, sin embargo se detuvo con el cambio de gobierno. La falta de una estructura e identidad nacional –imposible de construir en una década, mucho menos un lustro- llevó a que la SSP enfocara sus esfuerzos de reforma policial en un sistema policial ‘federalizado’ con 32 policías estatales que absorbieran las funciones de las policías municipales, un esfuerzo que se desvaneció en el Congreso. La confusa reorganización y democión institucional de la SSP a nivel de ‘comisión’, la Comisión Nacional de Seguridad, enterrada dentro de Segob a partir de 2013, así como la inestabilidad de su titularidad (tres comisionados en el mismo sexenio) llevó a que el crecimiento quedara en buena medida paralizado.

Por su parte, la PGR ha corrido con peor suerte. Dada su función central de procuración de justicia, el órgano que debería de ser el mejor percibido por la sociedad, ha sido encabezado por no menos de siete individuos durante los últimos 11 años, cada uno con una visión diferente de cómo organizar sus instancias. Esta inestabilidad no permite la formación de instituciones. Queda muy claro que la PGR sobrevive gracias al esfuerzo incansable de sus mandos medios, que libran batallas diarias tanto externas como internas.

Por su parte, por muy complicado que sea explicar la coexistencia de tres instituciones militares dentro de dos secretarías de gabinete encabezadas por militares en activo, la estabilidad y profesionalismo de su liderazgo –un titular (de carrera) por sexenio, comprometido con la continuidad de proyectos que van hacia una visión compartida- les permite un desarrollo institucional mucho más sólido.

La presencia de los militares en las calles no es la solución, es la realidad. La LSI servirá para reglamentar esa realidad, limita espacios geográficos y el tiempo en que se utilizarán (las ya desplegadas) Fuerzas Armadas, a la vez que les da un grado de certidumbre jurídica ligeramente mayor. Debe, nuevamente, de asumirse no como un reemplazo, sino como un subsidio temporal (tal vez de otros 11 años) y reglamentado para que los municipios, estados y Federación desarrollen las fuerzas de seguridad y justicia que México merece… y que no han sabido construir.

 

Columna anterior: Pizza, pasta, defensa y seguridad interior: seguridad a la italiana

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