Bando 2: origen de la tragedia urbana


Mirando al otro lado

Por: Ricardo Pascoe Pierce

El Bando 2 fue emitido por Andrés Manuel López Obrador dos días después de haber tomado posesión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Su secretaria de SEDUVI, Laura Itzel Castillo, publicó un libro oficial explicando las bondades de un proyecto de vivienda de interés social para la ciudad y la secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, fue la encargada de instrumentar el proyecto del Bando 2, debido a que César Buenrostro, el secretario de Obras estaba en contra del proyecto y se negó a impulsarlo. Todo el sistema de aguas pasó de Obras a Medio Ambiente porque Buenrostro adujo que no habría abasto suficiente para satisfacer lo que venía: un boom inmobiliario sin planificación alguna en la ciudad. Lo que Buenrostro, ingeniero de mucho tiempo, sabía sobre los peligros que acompañaban al Bando 2, las dos secretarias académicas decidieron ignorar, como sucedió durante su sexenio de gobierno.

El Bando 2 fue publicado sin que mediara consulta ciudadana alguna, porque fue pactado por López Obrador con los grandes desarrolladores urbanos que en los dieciocho años de gobierno perredista-morenista han hecho enormes fortunas, junto con un puñado de funcionarios capitalinos, a expensas de la paz y seguridad de los capitalinos. No fue consultado con expertos urbanistas ni con conocedores de la historia del desarrollo urbano de la ciudad. La cobertura ideológica del Bando 2 fue que era un plan para estimular la construcción de vivienda de interés social en la ciudad. Era, aparentemente, el cumplimiento de la oferta electoral de primero los pobres. Pero nunca cumplió ese propósito. Más bien sirvió como encubrimiento del hecho de que los desarrolladores podían, con la nueva normatividad, implementar un plan de verticalización salvaje y sin planificación, ignorando las restricciones que los planes delegaciones imponían en materia de construcción. Desde el día de su emisión y hasta la fecha, del total de nuevas viviendas construidas en la ciudad, sólo el 5% son de interés social. El otro 95% son de interés medio y alto, aprovechando las condiciones estipuladas en el Bando 2 de construir alto y, preferentemente, sin vigilancia del gobierno sobre la compatibilidad entre su oferta comercial y la realidad de lo construido. El gobierno central, y los delegacionales, en todo momento hicieron caso omiso de la aplicación estricta de regulaciones constructivas.

El Bando 2 originalmente era aplicable a cuatro delegaciones centrales: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Éste último fue donde más se desató la fiebre inmobiliaria, concretando una alianza implícita entre perredistas-morenistas y panistas. Era la zona más apetecible por los desarrolladores ambiciosos, mientras los terrenos baldíos de las Granadas en Miguel Hidalgo y el Centro Histórico de la Cuauhtémoc se convirtieron, literalmente, en territorio privado de Carso. Pero el Bando sufrió descrédito con la ciudadanía cuando ésta se percató de las consecuencias del nuevo modelo urbano que se aplicaba en la ciudad: edificios construidos bajo premisas falsas, sin vigilancia en el cumplimiento de las normas constructivas de la ciudad y con precio de mercado caro. Resulta que Buenrostro tenía toda la razón y López Obrador, Sheinbaum y Castillo estaban equivocados: era un modelo urbano insostenible y peligroso, como lo estamos atestiguando todos los capitalinos después de los terremotos. Pero era su modelo, y lo defienden hasta el día de hoy.

Cuando Marcelo Ebrard fue electo jefe de Gobierno tomó una decisión trascendental: decidió ampliar el Bando 2 a toda la ciudad. Con ese acto, borró del mapa legal de la ciudad toda posibilidad de planificación inteligente a futuro. Todo dependía de los intereses económicos de desarrolladores y sus posibilidades de construir sin contratiempos ni controles oficiales, ignorando planes delegacionales. La corrupción en el sector inmobiliario capitalino se extendió como una epidemia por toda la ciudad. El Plan General de Desarrollo Urbano se sujetó a intereses inmobiliarios y funcionarios cómplices, no a una visión de construir, a largo plazo, una ciudad para todos. Es un proyecto de ciudad para unos cuantos. Los pobres emigran en gran escala a zonas lejanas de la ciudad, ante la imposibilidad de adquirir vivienda de bajo costo y buena calidad.

La protesta ciudadanía creciente obligó a Ebrard a cambiar el nombre del desacreditado Bando 2 a Norma 26. Pero la ciudadanía no se dejó engañar y siguió protestando contra el modelo urbano. Al cierre de su desastrosa gestión, Ebrard no tuvo otro remedio más que congelar-más no cancelar-la Norma 26 y sus efectos legales. Miguel Ángel Mancera tampoco pudo revivir ese cadáver y quiso dividir la Norma 26 en dos: las Normas 30 y 31. Una vez más, la ciudadanía frenó esa intentona y se consolidó la desconfianza ciudadana como signo característico de este periodo de gobierno. Hoy es imposible aprobar un Programa General de Desarrollo Urbano con credibilidad o aplicar las Normas sin provocar una revuelta ciudadanía.

El terremoto del 19 de septiembre destapó la corrupción de los partidos y sus funcionarios. El festín se acabó. O se plantea un modelo de desarrollo incluyente y planificado de largo plazo o nadie podrá gobernar la ciudad. De ese tamaño es el impacto de largo plazo del Bando 2 sobre la Ciudad de México. Se termina un ciclo histórico, sin duda.

¿Te gustó este contenido?




Lo mejor del impreso
OpiniónRealidad política definirá futuro

Realidad política definirá futuro