Revocación, una trampa que amenaza la democracia

Para nadie es una sorpresa que López Obrador tenía en mente impulsar la revocación de mandato

Mariana Gómez del Campo / Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN /   Columna Invitada
Mariana Gómez del Campo / Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN / Columna Invitada

La democracia implica más que ir a las urnas, trae consigo la responsabilidad de los ciudadanos de fiscalizar la labor de sus representantes y participar activamente en el proceso de toma de decisiones, por ello, mecanismos como gobierno abierto, iniciativas ciudadanas y consultas populares se han impulsado en nuestro país con el objetivo de robustecer la participación política de los mexicanos.

Sin embargo, la llamada Cuarta Transformación, aprovechando el bono democrático que tiene, impulsa una serie de reformas constitucionales, pese a la promesa del actual Presidente de no tocar la Carta Magna los primeros tres años de su gobierno, que vician el contexto democrático.

Para nadie es una sorpresa que AMLO tenía en mente impulsar la revocación de mandato para que los ciudadanos evalúen su gestión y, de ser negativa, puedan deponerlo del cargo, el pueblo quita y el pueblo pone.

A nivel mundial, la figura de revocación de mandato está prevista en países como Canadá, EU y Suiza, pero sólo a nivel local, es decir, los ciudadanos pueden finalizar anticipadamente el mandato de algún gobernador o alcalde; sin embargo, sí lo hace para Presidente en las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, tres países que comparten haber sido asaltadas por regímenes populistas con un respaldo ciudadano importante.

Justo de ahí se desprende el vicio que pretende hacer el tabasqueño de la figura, repitiendo la receta latinoamericana, pues la revocación de mandato ha sido utilizada como un mecanismo para demostrar músculo electoral, legitimidad popular y hasta para despojar a la oposición de espacios políticos estratégicos, como en Bolivia, en 2008, cuando el partido en el poder, Movimiento al Socialismo, hizo una agresiva campaña para que los prefectos (gobernadores) de Cochabamba y La Paz fueran destituidos.

Si bien los mecanismos de democracia directa permiten a los ciudadanos intervenir en las decisiones políticas de alto nivel, como la permanencia o no de un representante, deben ser los electores quienes activen dichos procesos para fiscalizar a los políticos, pues cuando es el servidor público el que activa el mecanismo, hay un vicio de origen, pues lo hace con el conocimiento de que contará con el respaldo popular suficiente para no ser revocado.

En el caso específico de México, con una elección como la de julio de 2018, donde una clara mayoría de los electores que acudieron a las urnas votaron al candidato que hoy ocupa la Presidencia de la República, la revocación de mandato parece más bien una estrategia operada desde Palacio Nacional para colocar la imagen de López Obrador en el proceso electoral y hacer un efecto de arrastre para que los candidatos de su partido sean beneficiados.

Recordemos que, en 2018, muchos cargos de elección fueron ocupados por perfiles propuestos por Morena sin que hicieran un solo día de campaña, sólo bastó que aparecieran en la publicidad acompañados del tabasqueño, o ni siquiera eso como sucedió en Cuernavaca, Morelos, donde el partido oficialista ganó la elección sin siquiera tener un candidato registrado. Lo anterior significaría ir a una elección no equitativa, pues el Presidente tiene a su alcance una exposición a medios que ningún otro partido tiene, lo que innegablemente beneficiará a su fuerza política.

Las implicaciones de empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2021 podrían ir más allá, pues significaría una forma de medir el pulso del electorado para que, de la mano del Congreso, se consiga o bien convocar una asamblea constituyente que inmortalice el legado de la 4T o abrir la puerta a una reelección presidencial, que, con altos índices de aprobación popular, no es un disparate. Lo que es preocupante es que Morena elabora mecanismos constitucionales a la medida para el gobierno de AMLO, como la Guardia Nacional, lo cual es muy grave pues el Congreso debe pensar en construir el Estado mexicano.

 

COLABORADORA

@marianagc

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