Reforma electoral: la brújula desviada

En materia electoral, los recortes de presupuesto no sólo afectan la eficiencia y la autonomía, también ponen en riesgo la estabilidad política

Arturo Sánchez Gutiérrez, Decano Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey / Heraldo de México
Arturo Sánchez Gutiérrez, Decano Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey / Heraldo de México

El debate sobre desaparecer a los órganos locales electorales se dio en 2013. Se argumentó entonces que rompería el pacto federal y era un peligroso paso a la centralización de la política. Se optó por un sistema híbrido, en el que el INE y Oples comparten responsabilidades.

No fue fácil aplicar el modelo, pero en seis años se alcanzaron objetivos importantes: (1) se homologó la calidad de los procesos; (2) se elaboró un reglamento para normar todas las elecciones; (3) se fortaleció y modernizó la fiscalización de los partidos; (4) se mantuvo la autonomía e independencia de las autoridades electorales con el nombramiento en el INE de los consejos generales de los Oples; (5) los Oples sincronizaron procedimientos, objetivos y actividades con el INE, en favor de la democracia; (6) se corrigieron errores y la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió nuevos criterios para resolver controversias. La lista puede seguir.

Por experiencia puedo decir que hay mucho que perfeccionar, pero las elecciones de 2015 a la fecha y la transición pacífica de una administración a otra, con alternancias de partidos en los tres niveles de gobierno, hacen evidente que la ruta trajo más beneficios que conflictos o regresiones autoritarias. El éxito técnico, organizativo y de dirección política, de las 30 elecciones concurrentes de 2018, son una evidencia más.

¿Qué se busca con propuestas como eliminar los Oples? Desde luego que el INE podría hacerse cargo de todas las elecciones, pero requeriría más recursos. ¿Alguien hizo los cálculos? ¿Dónde quedaron los argumentos opuestos de hace seis años? ¿Es el criterio del costo el que debe orientar la reforma? Creí que el objetivo era fortalecer la democracia. ¿O es que ya en el poder la mayoría legislativa olvida esa premisa?

En 2018, con elecciones presidenciales y 30 locales concurrentes, el costo total rondó los 42 mil millones de pesos. Fue la elección más grande que se ha organizado en el país. Ello representó 0.79 por ciento del presupuesto de egresos. Esa cifra será mucho menor éste y los años que vienen. ¿Podría ser menos? Sí. ¿Cuánto y con qué costo? La solución está en innovar procedimientos, utilizar nuevas tecnologías y agilizar procedimientos electorales. Lorenzo Córdova propone el voto electrónico, para lo que apenas estamos a tiempo para 2021. Pero en materia electoral, los recortes no sólo afectan la eficiencia y la autonomía, también ponen en riesgo la estabilidad política.

Las propuestas que están sobre la mesa no avanzan en la dirección correcta y se concentran en desaparecer instituciones, fundir dependencias y recortar el financiamiento público a los partidos. Quien propone desaparecer el Consejo General del INE desconoce la historia de la transición democrática, traiciona el principio de independencia y autonomía de los órganos electorales, y abre la puerta a la reconstrucción de formas autoritarias en el poder. La brújula de la Reforma Electoral está desviada.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DECANO ASOCIADO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG

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