Redes sociales, pulverización de la sociedad

Sería interesante que se legisle en ese tema y se tomen las redes sociales como el derecho a la petición

José Óscar Valdés Ramírez / Heraldo de México
José Óscar Valdés Ramírez / Heraldo de México

Recientemente se dio un debate que no debía darse, sencillamente por desconocimiento de la Ley de Amparo: un periodista ganó un amparo contra el fiscal del estado de Veracruz para que éste lo desbloqueara en Twitter.

Se dio un debate donde decían que se iba a exigir a todos los funcionarios que desbloquean a todos los que habían bloqueado, nada más alejado de la realidad.

La Ley de Amparo se funda en la Ley Otero, y si bien es cierto que en la nueva Ley, en su artículo 231 dice que Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la SCJN lo informará a la autoridad emisora de la norma, lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable en materia tributaria.

Esto es lo que conocemos como Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), pero el supuesto amparo del periodista no es un amparo contra una ley, simple y sencillamente el acto reclamado fue el Artículo 6 Constitucional, mismo que reza: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

Así, en ese supuesto, el amparo fue contra un acto concreto y específico, considerado como un acto de autoridad el bloqueo de una cuenta de Twitter, mismo que el periodista jamás injurió ni faltó al respeto al funcionario que ordenó dicho bloqueo.

Sería interesante se legisle en ese tema y se tomen las redes sociales como el derecho a la petición, pues en ocasiones se dirigen a las autoridades para pedirles opinión o una solicitud -sería interesante que estas contestaran-, pues el artículo 8 precisa la acción de pedir.

Se debe agregar por cualquier medio electrónico, para que se amplié la protección constitucional, máxime que a las autoridades de inmediato les dan la confirmación de cuenta (la palomita azul).

Este tema novedoso debe ser analizado por nuestros congresistas, pues sería una manera ágil de contestar por parte de la autoridad, no que ahora se debe esperar mínimo tres meses para poder obtener una contestación mediante el amparo; esto va en contra de la impartición de justicia que ni es pronta ni es expedita.

México necesita una legislación moderna. Este precedente debe seguirse y no quedarse en el tintero, que las redes sociales tengan el efecto del derecho a la petición cumpliendo los requisitos del articulo 8 constitucional.

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