Proteger los derechos políticos

A las detenciones arbitrarias suelen sumarse otras violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura y las desapariciones forzadas

Wendy Briceño Zuloaga / Columna Invitada / Editorial
Wendy Briceño Zuloaga / Columna Invitada / Editorial

Uno de los retos más apremiantes en torno al fortalecimiento del Estado de Derecho en México es, sin duda, el de lograr erradicar la enquistada práctica de las detenciones arbitrarias. La cual se ha manifestado históricamente en las corporaciones policiacas de los tres órdenes del gobierno mexicano.

En lo cotidiano, esta práctica se lleva a cabo con fines meramente de extorsión, por lo que es común que la ciudadanía se vea afectada por estas acciones, generando una percepción negativa del quehacer de las instancias responsables de la seguridad. Aunado a esto, existe otro móvil que vulnera seriamente los derechos de las personas, pues a las detenciones arbitrarias suelen sumarse otras violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Hablo aquí de las detenciones arbitrarias cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las cuales afectan a la ciudadanía respecto del ejercicio de ciertos derechos que son pilares de todo sistema democrático, como: el derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación pacífica, la libre manifestación de las ideas, al debido proceso, etc.

Sin embargo, y aunque la práctica de las detenciones arbitrarias está lejos de resolverse en el corto plazo, hemos dado pasos importantes que atacan las raíces del problema; por ejemplo, en la Ciudad de México hemos transitado hacia un modelo de seguridad ciudadana más próxima a las personas y sus contextos, y se han implementado estrategias para combatir la corrupción en el interior de las corporaciones responsables de la seguridad.

Por otro lado, tenemos también la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que se encuentra en una etapa de consolidación, el cual da a policías el carácter de primer respondiente, figura sobre la que descansa en buena medida la responsabilidad de garantizar el debido proceso de toda persona imputada; lo que de facto coloca los ojos de ministerios públicos y jueces sobre sus prácticas y procedimientos.

Otro gran paso en ese sentido es el de la creación de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de mayo, a través de la cual se avanza en la garantía de derechos humanos de las personas, pues mandata reportar los generales de las personas detenidas, así como de las autoridades involucradas a lo largo del proceso de toda detención, en todo el país.

Si bien falta mucho por hacer, las acciones emprendidas del actual gobierno se sostienen en prevenir, garantizar y reparar derechos humanos, sentando precedentes importantes para superar la vieja práctica de las detenciones arbitrarias, lo que supone avanzar en la construcción de sociedades más justas y dignas para todas las personas.

RICARDO PAVÓN MARÍN

MPI CDMX

@MPICDMX

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