Principio de legalidad

Debe quedar en el basurero de la historia el secuestro de los derechos partidarios de los militantes

José Encarnación Alfaro Cázares / Artículista invitado / El Heraldo de México
José Encarnación Alfaro Cázares / Artículista invitado / El Heraldo de México

Entre los principales objetivos y atribuciones del Instituto Nacional Electoral se encuentra el de preservar el fortalecimiento del sistema de partidos, vigilando que estos institutos políticos, como entidades de interés público, ajusten su funcionamiento a los principios y reglas del sistema democrático y cumplan con las obligaciones que les señalan las leyes en la materia.

El derecho de autoorganización que la Constitución Política reconoce a los partidos políticos implica la facultad de establecer su propio régimen normativo interno con el propósito de darle identidad partidaria y facilitar la participación de sus afiliados en la consecución de los fines ideológicos que los identifica y distingue.

De ninguna manera el derecho de autoorganización de los partidos constituye un salvoconducto para actuar al margen de las disposiciones legales ni mucho menos para violentar el orden jurídico que tutela los derechos político-electorales de sus militantes.

Por eso, la Constitución Política del país establece en sus artículos 41 y 116 que las autoridades electorales podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos, en los términos que señale la propia Constitución y la leyes.

El principio de legalidad, contenido en los artículos 14, 16, 41, 99, 105 y 116 de la Constitución federal, implica que todo acto de autoridad se sujete invariablemente a las disposiciones constitucionales y legales aplicables para proteger, en el caso concreto de la actuación de los partidos políticos, los derechos político-electorales de los ciudadanos, de los afiliados a los propios partidos y, en general, de cualquier actor que intervenga en los procesos electorales.

El principio de legalidad se debe observar en todos los actos de las dirigencias partidistas, toda vez que los estatutos y reglamentos que rigen la vida interna de los partidos, forman parte de la legislación electoral y su observancia es obligatoria, no discrecional.

Con la legislación electoral de 2014 y el perfeccionamiento funcional del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), deben quedar atrás los tiempos de la actuación arbitraria, autoritaria y patrimonialista de los dirigentes partidarios.

Deben quedar en el basurero de la historia los acuerdos de cúpulas oligárquicas y el secuestro de los derechos partidarios de los militantes por parte de grupos oportunistas que ven en los partidos políticos franquicias para el reparto del poder y no instrumentos de transformación democrática del país.

En este contexto se ubica el reto y los desafíos que enfrentará el PRI en el proceso de renovación de su dirigencia nacional.

La unidad y la cohesión de su militancia atraviesan necesariamente por la estricta observancia del principio de legalidad, que no admite acuerdos ni ocurrencias al margen de la ley.

Ésta será, sin duda, la última oportunidad histórica para demostrar su vocación democrática y su apego al Estado de Derecho.

JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES

COLABORADOR

@JOSEEALFARO

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