Primero los trabajadores

La vida sindical siempre tiene que dar prioridad a las libertades de los trabajadores

Javier García Bejos / Colaborador / Columna Invitada

El paro de labores en las minas del norte del país en el último año se ha convertido en un asunto que va más allá de los impactos negativos para las empresas. Se trata de un tema que ha lesionado la economía familiar de miles de trabajadores que viven de esta actividad económica; de acuerdo con especialistas, genera más de 2 por ciento del PIB nacional y emplea de manera directa e indirecta a cerca de 2 millones de personas.

Recientemente vimos el caso de la minera San Rafael en Cosalá, Sinaloa, que cumplió un mes sin operaciones. El paro de labores por parte de un grupo de trabajadores se quiso justificar por las quejas que existían en contra de las condiciones laborales en la mina, así como por los daños y contaminación al medio ambiente. Sin embargo, con el paso de los días quedó claro que se trataba, como en otros casos, de una disputa por el contrato colectivo de trabajo que actualmente tiene Javier Villarreal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y que la organización del senador Napoleón Gómez Urrutia reclama su titularidad.

Cosalá es una pequeña población que vive en su mayoría de la actividad minera. La empresa canadiense Americas Gold and Silver inició labores en la mina San Rafael a finales de 2016, con una inversión de 420 millones de dólares para explotar las minas de Nuestra Señora y Candelaria. Actualmente emplea de manera directa e indirecta a cerca de 30 por ciento de la población de Cosalá. Ahí radica la importancia para que la mina reinicie operaciones lo antes posible, pues cada día que pasa significa una pérdida para el bolsillo de cientos de familias. A esto se le tiene que sumar las pérdidas que la compañía ha reportado, y que ascienden aproximadamente a los 150 mil dólares diarios.

Son más los trabajadores que quieren regresar a su trabajo. En las últimas semanas se han manifestado tanto ante las autoridades locales como federales con el objetivo de solicitar su intervención para resolver el conflicto. Ambas instancias han sido sensibles ante la problemática y han abierto las mesas de negociación, pero la mina sigue secuestrada. Luego de diversas pláticas con los representantes del gobierno de Quirino Ordaz, quien desde el primer momento ha dado seguimiento, el tema llegó hasta la gira del presidente López Obrador el pasado fin de semana y también a la conferencia de prensa matutina. Está claro para el Presidente que este paro de labores refleja no un conflicto social, sino un choque entre los intereses de los sindicatos, quienes tienen de rehén a la población de Cosalá.

La conclusión es clara. La vida sindical siempre tiene que dar prioridad a las libertades de los trabajadores y al interés de la mayoría por mejores condiciones de trabajo, pero en ningún caso se justifica su uso como herramienta de presión o, peor aún, para impulsar los intereses de unos cuantos.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS
COLABORADOR
@JGARCIABEJOS

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