Presupuesto y autonomía

El presupuesto de las universidades públicas presentado inicialmente por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados incluía una reducción sensible, superior a 10% sobre lo aprobado el año anterior

Presupuesto y autonomía

Contra la intención del presidente López Obrador, como todo ilusionista que pretende distraer a su audiencia, para entender la política contemporánea es mucho más relevante enfocarse en las acciones de su gobierno y el movimiento que le da mayoría, que en el propio personaje. Y en la reciente refriega legislativa se dieron muchos signos de lo que está por venir. Me concentro en uno de ellos, porque ilustra el valor de distinguir lo esencial de lo accesorio para el futuro democrático de México.

Suponga usted que una vertiente importante de Morena y el propio Andrés Manuel López Obrador buscan la instauración de un régimen hegemónico similar al del México de los 70, donde la oposición sea tan fuerte como se requiera para validar la existencia del pluralismo, pero tan débil como convenga para garantizar el control del poder.

Bajo esta hipótesis no conviene confundir modificaciones ordinarias de política pública con intentos identificables de regresión autoritaria. Los primeros no deben alarmar a nadie, aunque sea perfectamente válido oponerse a ellos por razones ideológicas, de idoneidad, o cualquier otra.

Mal haríamos en esperar una democracia que no produzca un viraje sensible en el rumbo del gobierno cuando un partido es derrotado por otro. Pero sí sería lamentable que no se señalen y resistan ampliamente los intentos orientados a limitar la posibilidad del opositor de vencer al recién encumbrado, o a debilitar las instituciones que contienen y dividen adecuadamente al poder.

Un ejemplo muestra esta distinción. El presupuesto de las universidades públicas presentado inicialmente por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados incluía una reducción sensible, superior a 10% sobre lo aprobado el año anterior. Esta propuesta se dio en el contexto de lo que se dijo fue un error, cuando al enviar la iniciativa de reforma constitucional al artículo 3, se suprimía la fracción VII del mismo, fundamento para la autonomía de las universidades, públicas y privadas, empezando por la UNAM. Dicho error en la iniciativa de reforma constitucional fue reconocido (a regañadientes) por el secretario de Educación y el propio Presidente, pero generó preocupación. Finalmente, Hacienda corrigió el planteamiento original en Cámara de Diputados, y a la mayoría de las grandes universidades públicas se les respetó el monto con que contaron para el año anterior. Intocada la autonomía, intocado (casi) el presupuesto.

No es buena idea igualar la autonomía de una entidad pública con su inmunidad presupuestal, ya que es claro que siempre hay espacios para la eficiencia. Pero es innegable que algunas de las tareas realizadas por estas instituciones autónomas son indispensables para la consolidación democrática de nuestro país, y requieren de certidumbre en su financiamiento.

El Instituto Nacional Electoral hoy asegura que la reducción de 950 millones de pesos a su presupuesto (originalmente de 11,347 mdp), dictaminada por la Cámara de Diputados, está precisamente en este segundo supuesto, y que explora las vías jurídicas para impugnarla. Habrá que seguir con detalle su alegato y su trayecto, dado que será justo un esfuerzo por trazar la distinción entre lo esencial y lo accesorio para la democracia de México.

 

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