Preparación de los proyectos de obras

La Ley de Planeación dispone que es la SHCP la dependencia competente para establecer los criterios generales para la elaboración de los programas derivados del PND

Adolfo X. Zagal Olivares / Socio GEA Infraestructura
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Adolfo X. Zagal Olivares / Socio GEA Infraestructura [email protected] /

El pasado 26 de junio, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), elaborado por el Ejecutivo federal, en un acto que realizó por primera vez en su historia. Recibió 305 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones y se envió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación. El informe de parlamento abierto y trabajo desarrollado por las comisiones ordinarias, con motivo del análisis del PND, se utilizó para dar legitimidad al documento inicial.

El nuevo PND ha sido polémico. Es sabido que fue de enorme sorpresa que el Ejecutivo enviara a la Cámara de Diputados un documento distinto del elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que no se hizo con base en lo establecido en la Ley de Planeación y en las disposiciones que de esa Ley emanan. De ahí una de las principales diferencias con el exsecretario Carlos Urzúa que lo orilló a renunciar. Ante tal incertidumbre es prudente analizar las disposiciones que deberán de regir la elaboración de los programas sectoriales y especiales, particularmente el Programa Nacional de Infraestructura.

Hay diversas iniciativas de leyes y disposiciones administrativas para el desarrollo de infraestructura que cobran especial relevancia. Ya son muchas las organizaciones de la sociedad civil (cámaras, institutos, asociaciones, etc.) las que piden reformas a diversas leyes y reglamentos para aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que detonen el crecimiento del país. Así, estas iniciativas deben ser congruentes con el PND y los programas respectivos. En cualquier caso, la Ley de Planeación dispone que es la SHCP la dependencia competente para establecer los criterios generales para la elaboración de los programas derivados del PND y establecer los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los mismos.

El PND contiene proyectos de infraestructura específicos. A diferencia de otros planes que abarcaban las principales estrategias, objetivos, líneas de acción e indicadores que darían sustento a proyectos específicos, el actual incluye los principales planes, sin que se hayan realizado los estudios requeridos para evaluar la rentabilidad social y pertinencia de llevarlos a cabo frente a otras alternativas. Eso no quiere decir que los proyectos previstos en él no tengan rentabilidad social, sino que no se han realizado todos los estudios que lo confirmen y les den sustento.

El gobierno necesita dar certidumbre a la inversión. Los tenedores de los bonos necesitan que el Ejecutivo Federal no sólo sea disciplinado en materia de recaudación y endeudamiento, sino que cumpla con mecanismos de selección y elegibilidad de los proyectos que respondan a mejores estándares internacionales.

Es decir, que haya mecanismos de preparación de los proyectos de infraestructura que minimicen el margen de error y mitiguen las posibles desviaciones con respecto a los originales.

Los proyectos de infraestructura se van a concebir y preparar de forma distinta. El mensaje del presidente ha sido claro en que las cosas van a hacerse desde otra óptica y eso debe incluir a la concepción y preparación de los proyectos.

El ecosistema para la planeación y preparación de la infraestructura necesita de la participación de todos. Primero requiere de un organismo con visión de muy largo plazo que estudie mega proyectos que detonen el desarrollo regional y cuyo tiempo de maduración es de más de uno o quizás dos sexenios. Conllevan no sólo hacer muy diversos estudios técnicos, sino también estudiar las alternativas de financiamiento y estructuración más adecuados. Este organismo debe tener la autonomía administrativa y de gestión suficientes para actuar de forma independiente a caprichos o intereses políticos de corto plazo.

Habrá después que aterrizar los mega proyectos en diversas etapas y en proyectos específicos, los cuales pueden prepararse y ejecutarse en un solo sexenio según las circunstancias económicas nacionales e internacionales. Para esos proyectos deben existir lineamientos de selección que evalúen el beneficio social y permitan discriminar las inversiones con más impacto social.

Se requiere también de un organismo que atraiga y dé certidumbre a la inversión. Los proyectos de infraestructura que el país necesita solo pueden hacerse si contamos con inversión privada. Por ello precisamos de un organismo especialista en la preparación, estructuración y financiamiento de proyectos que detone la participación privada y desdoble los escasos recursos fiscales disponibles.

Finalmente, es indispensable contar con un marco legal que dé transparencia, certidumbre y celeridad a los mecanismos de planeación, preparación y contratación de los proyectos. Una vez que éstos se han alistado por años, la contratación y ejecución debe ser eficiente y acorde a los principios constitucionales.

POR MARCO A. GUTIÉRREZ HUERTA

PRESIDENTE DE LA CNEC

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