País de culpables

Los viejos vicios del sistema siguen vigentes; ahora, disfrazados con nuevos nombres de trámites


La escena es casi siempre la misma. Un fiscal observa con cara adusta a la transmisión en vivo y cuenta, sin empacho alguno, todos los detalles que comprometen la presunción de inocencia del imputado. Lo hacen a menudo en la Procuraduría de la Ciudad de México y, también a menudo, transmiten por internet en vivo este rosario de detalles, que casi siempre culmina con el mismo anuncio feliz: hemos logrado prisión preventiva oficiosa.

¿Qué significa esto? En muchos de sus anuncios, la institución donde antes despachaba Miguel Ángel Mancera, actual jefe de Gobierno de la capital y aspirante a presidente de la República, se vanaglorian de una medida que toca justo en el punto medular de lo que pretendía cambiarse en México con la instalación de un nuevo sistema de justicia penal: la firme creencia de que alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Este nuevo sistema comprende, en teoría, que menos personas vivan su proceso penal en la cárcel, porque pueden ser vigilados por Unidades de Medidas Cautelares,  que estén monitoreando dónde está, que no se escape, que no se acerque a la víctima o reincida en su delito. Esta unidad, si bien existe y tiene hasta récord de medidas cumplidas, de acuerdo con datos del Instituto de Justicia Procesal Penal, no es favorita de los ministerios públicos en México.

Varios expertos en el nuevo sistema, consultados para esta columna, coincidieron en que la puesta en marcha del nuevo sistema penal en México, que cumple un año, no ha traído un cambio de fondo en la forma en que un denunciante, una víctima o un imputado viven su proceso penal. Al contrario, los ministerios públicos continúan poniendo como primer lugar en la balanza la prisión preventiva.

Dicho en términos de la jerga policiaca, la práctica más común sigue siendo sacar de circulación al supuesto delincuente mientras se le investiga, en lugar de hacer un trabajo más sólido, teniendo a la persona bajo vigilancia, mas no encerrada.

Los viejos vicios del sistema, por tanto, siguen vigentes, ahora disfrazados con nuevos nombres de trámites, tecnicismos actualizados y una posición supuestamente más activa del juez, quien en la práctica, está limitado por los casos en los que la prisión preventiva se convierte en una obligación y el juez no puede aplicar su criterio para decidirla.

En términos simples, seguimos viviendo en un país con cárceles hacinadas, donde muchos ministerios públicos consideran como punto central de su trabajo, lograr que más personas enfrenten su juicio estando presas.

Viéndolo en la forma más superficial, diríamos que en cualquier lugar del mundo, una víctima quiere ver a su victimario tras las rejas, pero ésta es una delgada línea en un país como México donde, aún hoy, cualquier persona puede pasar años en la cárcel sin tener una sentencia, sólo porque un policía decidió imputarle, con el mero dicho de alguien.

Columna anterior: ¿Por qué la estafa maestra no es una historia repetida?

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