Participación de la IP, indispensable para detonar obras

El anuncio que da a conocer la Secretaría de Hacienda sobre la inversión de 50 mil millones de pesos para proyectos donde el sector privado participará de manera activa es muy alentador

Julio C. Valdivieso Rosado / Ex presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales / Tiempos de Infraestructura
Julio C. Valdivieso Rosado / Ex presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales / Tiempos de Infraestructura

El pasado 29 de julio, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer una serie de acciones para dinamizar el desempeño de la economía; particularmente, enfatizó, en impulsar la inversión en infraestructura y fortalecer el consumo privado; en ese sentido, desde mi perspectiva, destaca el anuncio por 50 mil millones de pesos para desarrollar proyectos en distintos sectores productivos, con el apoyo del sector privado.

Considero que el papel del gobierno federal como promotor de esos esquemas es fundamental, puesto que: 1) asegura la provisión de infraestructura de forma eficiente, oportuna y eficaz; y, 2) otorga certidumbre a todos los actores y sectores que lo constituyen.

•Queridos lectores, se preguntarán, ¿cómo asegura dicha provisión? Pues bien, como lo mencioné en el artículo sobre infraestructura hidráulica, los esquemas público-privados, en comparación con la obra pública tradicional, sirven para desarrollar obras a menor costo, generan ahorros y evitan sobreplazos en construcción, garantizando más bienestar para la población.

•Y, ¿por qué otorga certidumbre? Porque hay un marco normativo robusto a nivel federal que los regula; éste exige, detalla y solicita, entre otras particularidades, análisis técnicos, económicos y financieros, en los que se establecen obligaciones y derechos, y define cómo se comparten riesgos entre sectores público y privado.

Ahora bien, en este esfuerzo por reactivar la economía, los estados y municipios forman parte fundamental en el proceso; es por ello que, al igual que la federación, éstos deben tener reglas claras y ser capaces de implementar esquemas que permitan el trabajo conjunto entre gobierno y privados.

•A nivel estatal, se han llevado a cabo esfuerzos para homologar las leyes locales a la normativa federal; incluso, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece el proceso para contratar proyectos público-privados y requisitos mínimos para su evaluación.

•A nivel municipal, los esfuerzos deberían ser mayores; son pocos los que conocen los esquemas público-privados y sus ventajas.

Aún queda mucho camino por recorrer y, es aquí, donde los estados, al igual que la Federación, deben convertirse en promotores de las Asociaciones Público-Privadas, a través de las cuales se promueva la inversión productiva bajo una regulación específica que provea de certidumbre a ambas partes.

Como comentaba al principio de la columna, el anuncio que da a conocer la Secretaría de Hacienda sobre la inversión de 50 mil millones de pesos para proyectos donde el sector privado participará de manera activa es muy alentador; más aún, con base en información de la dependencia, grandes proyectos se llevarán a cabo en los estados de Nuevo León, Chihuahua y Baja California Sur.

Finalmente, es importante señalar que, las alianzas público-privadas resultan una alternativa a los esquemas tradicionales de contratación del sector público, pero ojo, para que éstas cumplan su objetivo, es necesario evaluar su factibilidad técnica, económica y legal y, para lo anterior, todas las partes involucradas (gobierno y privados) deben conocer lo que es y lo que no es una Asociación público-privada, sólo así, se alcanzarán sus beneficios.

 

Gráfico: Miguel Ulloa

Gráfico: Miguel Ulloa
Gráfico: Miguel Ulloa

Por Úrsula Carreño Colorado

Socia Fundadora de Duomo Brunell, S.C.

@URSUCARRENO

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