Parientes de políticos también sufren ataques

El desafío para reducir las muertes de civiles, políticos y sus parientes durante las elecciones es enorme

Parientes de políticos también sufren ataques

También los familiares de los políticos han sido víctimas del crimen organizado. Se trata de una acción violenta que hasta ahora tampoco se había puesto sobre la mesa de discusión.

El reporte de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que presentó El Heraldo de México en su edición de ayer es aterrador. No hay precedente en la historia moderna nacional de asesinatos contra políticos como los que se están dando en el actual proceso electoral.

Del 8 de septiembre de 2017 al 6 de febrero pasado, 54 personas, dice el informe de seguridad, que se dedicaban a la política, como alcaldes, ex ediles o aspirantes a algún cargo de elección popular fueron acribillados, la mayoría con el sello del crimen organizado, es decir 11 cada mes. En ningún país de América Latina se registra una cifra como la de aquí.

El dato nuevo a ese lúgubre reporte es el registro de 21 ataques indirectos a familiares de actores políticos. En buena parte de las historias, las víctimas fueron sus hijos o hermanos, en el mismo periodo de septiembre a febrero. De esos 21 ataques, en 19 casos se consumaron los homicidios y hay dos secuestros o levantados, de los cuales uno ya se resolvió, mientras que en el otro caso, los criminales ni siquiera se han comunicado por teléfono a la casa de las víctimas.

Rubén Salazar, director de la firma, ha dicho que un factor del incremento de violencia política respecto a 2012 obedece a que en el sexenio pasado tan sólo hubo 891 elecciones municipales en disputa, mientras que para el proceso de julio entrante habrá dos mil 30 cargos en juego, es decir mil 139 adicionales.

El otro punto es que de por sí, la violencia va al alza en el país respecto al sexenio anterior; nomás no bajan los asesinatos en general.

En el año previo a las elecciones en el gobierno de Felipe Calderón, es decir 2011, hubo 22 mil 409 homicidios, mientras en 2017, se contabilizaron 25 mil 339, un incremento de alrededor de 16 por ciento, entre los que hay un porcentaje importante de víctimas inocentes.

El gobierno de Peña Nieto tiene entonces un serio problema, el de que está imposibilitado a garantizar la seguridad de todos los candidatos que buscarán un puesto de elección popular el 1 de julio.

El desafío para reducir las muertes de civiles, políticos y sus parientes es enorme.

Sin ser alarmistas, hay riesgos, lo reconoce Salazar, para la integridad de los candidatos, sobre todo de los municipales. Cuando empiecen las campañas y conforme se vayan registrando las tendencias electorales podrían seguir los atentados.

El poder del crimen organizado para influir en los procesos pone en entredicho las elecciones libres y democráticas. Están muy comprometidas más que nada en estados como Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla, donde hay datos sobre la fuerte presencia de los grupos criminales y su dominio por el territorio, paso y distribución de drogas, derecho de piso y robo de combustibles.

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