Ovidio y el fin de la guerra contra el narco

El presidente López Obrador terminó por deslindarse de la orden de liberar a Ovidio Guzmán y transferir la responsabilidad de esta decisión a su gabinete de seguridad

Rubén Salazar Vázquez / Director de Etellekt / Columnista Invitado

El presidente López Obrador terminó por deslindarse de la orden de liberar a Ovidio Guzmán y transferir la responsabilidad de esta decisión a su gabinete de seguridad, el cual según la narrativa oficial se vio obligado a ponerlo en libertad ante un operativo fallido llevado a cabo por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GAIN) de Sedena, que planeó y ejecutó el operativo de captura sin informar ni pedir autorización a sus mandos, viéndose superado en número por el enemigo, por lo que la autoridad civil tuvo que corregirle la plana ordenando la liberación del capo para evitar que los criminales atentaran contra militares, sus familiares y civiles.

La realidad es que el único responsable de la liberación del capo fue el propio Presidente, no por evitar una masacre, sino porque el operativo no contó con su visto bueno, debido a que ha dado la orden expresa a las Fuerzas Armadas de frenar el descabezamiento de los grandes cárteles. Así, la comunicación política de la Cuarta Transformación sobre la crisis de Culiacán trató en realidad de minimizar dos crisis explosivas:

1. La orden del Presidente de liberar a Ovidio, que podría traerle no sólo consecuencias legales por incurrir en el delito de evasión de presos, sino también alimentar la percepción en el gobierno de Estados Unidos de que la 4T está dispuesta a negociar con los cárteles y ofrecerles amnistía.

2. La aparente indisciplina de un grupo de oficiales y generales del Ejército, que tomaron parte en la guerra contra el narco, quienes habrían ordenado el operativo en Culiacán sin el visto bueno del Presidente, lo que pudo ocasionar daños colaterales y violaciones a los derechos humanos, y poner al gobierno de López Obrador en la mira de organismos defensores, tal como ocurrió a Peña con Tlatlaya. El operativo fue abortado por el riesgo de incumplir la orden presidencial de no rebasar el índice de letalidad que, según palabras del canciller Marcelo Ebrard, pudo arrojar más de 200 víctimas.

El distanciamiento de AMLO sobre el combate el narcotráfico ha despertado el nerviosismo en esta facción militar, por las posibles investigaciones que pudieran emprenderse por delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el pasado, acentuado por el perdón que ofreció el Presidente a nombre del Estado mexicano a los padres de los dos alumnos del Tec de Monterrey asesinados por el Ejército, al ser confundidos con delincuentes, en la gestión de Felipe Calderón, en 2010, pero sobre todo por el atropellado nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.

El mensaje de AMLO sobre la imposibilidad de un golpe de Estado no era una advertencia para todo el Ejército, sino para quienes dentro del instituto armado se resisten a dejar los métodos del pasado en el combate a la criminalidad. Resulta claro que el Presidente prefiere mil veces hacer frente a la justicia por ordenar la fuga de Ovidio, que exponer a sus Fuerzas Armadas y a su gobierno a cometer actos fuera de la ley, sancionados por el derecho internacional humanitario. Hacer lo contrario le restaría cualquier autoridad moral para investigar por los mismos delitos a sus antecesores.

POR RUBÉN SALAZAR
DIRECTOR DE ETELLEKT
@ETELLEKT_



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