Ocurrencias e injusticias desde el legislativo

Con esta iniciativa se abona a que más personas sean encarceladas y no reducirá los índices delictivos del país

Adriana Sarur / La encerrona / El Heraldo de México
Adriana Sarur / La encerrona / El Heraldo de México

En días pasados, el Pleno del Senado aprobó la modificación al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de 7 a 19 delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio. Esta modificación prevé perseguir los delitos de abuso o violencia sexual contra menores; uso de programas sociales con fines electorales; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada; el huachicoleo, es decir, el robo de hidrocarburos o petroquímicos; robo a casa habitación; enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones, entre otros.

De manera superficial, la ciudadanía podrá estar de acuerdo en que pase esta iniciativa y que estos delitos deberían de perseguirse de manera oficiosa. Pero en la realidad, lo que sucederá con esto es que, en un país como el nuestro, con una débil o errónea procuración e impartición de justicia, será un contraincentivo en esta materia, puesto que es claro que esta iniciativa va en contra de la Reforma Constitucional de 2008, donde se reconoce, por primera vez, la presunción de inocencia como un derecho humano, junto con el derecho a la libertad, deben ser garantizados por el Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que el Sistema de Justicia Penal no cumple a cabalidad con lo que debería desempeñar en materia de debido proceso, derechos humanos, presunción de inocencia o, incluso en los delitos de fuero común, también se detectan fallas. Es innegable que las cárceles mexicanas estén desbordadas y que un alto porcentaje de los internos no hayan recibido juicios ni condenas. Con esta iniciativa se abona a que más personas sean encarceladas y no reducirá los índices delictivos del país. Las experiencias internacionales en la materia nos muestran que al tomarse estas medidas no sólo no se reducen estos delitos, sino que la población carcelaria se incrementa exponencialmente, dejando al Estado más gasto y menos justicia. Por este motivo, organismos como Amnistía Internacional y la ONU a través de la oficina en México del Alto Comisionado solicitan que el Senado y la Cámara de Diputados, replanteé su postura debido a que sería la primera contrarreforma constitucional al sistema procesal penal. Asimismo, la CNDH también se manifestó en contra de la medida ya que no abona a la reinserción social ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria.

El Congreso de la Unión deberá realizar un análisis mucho más profundo en las iniciativas y reformas constitucionales, ya que en este momento podría parecer que éstas parten sólo de ocurrencias y abre aún más la puerta para las injusticias al imponer un castigo por adelantado, dejando de lado el quehacer legislativo responsable con el que se beneficie la ciudadanía y no sólo a unos cuantos.

 

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@asarur

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