Nos jugamos el futuro

AMLO tiene el apoyo de la mayoría para investigar los actos de corrupción hasta sus últimas consecuencias

Héctor Serrano Azamar / Heraldo de México /
Héctor Serrano Azamar / Heraldo de México /

De los muchos y arraigados males que padece nuestro país, la inseguridad y la inadecuada procuración de justicia son los más grandes retos del gobierno de la República, y no porque los otros problemas no sean importantes sino porque la seguridad pública y la impartición de justicia son facultades exclusivas del Estado mexicano.

Ningún particular puede erigirse en juez e imponer castigos por cuenta propia y nadie debería ejercer tareas de cuerpo policiaco sin pertenecer al gobierno.

Los otros problemas nacionales también son complejos e importantes, por mencionar algunos: los servicios de salud, la educación pública, la economía, el desempleo, la migración, etcétera, tienen que ser atendidos si se pretende alcanzar niveles óptimos de bienestar en el país, pero aún antes que eso, la gente necesita seguridad y certeza jurídica, éstos son los pilares bajo los que se construye el Estado de Derecho y las sociedades más avanzadas.

Deberíamos estar convencidos de que el Estado puede cuidar nuestro patrimonio y proveer justicia.

En este pacto social de respeto a los demás y a la ley, quien rompe las reglas es acreedor a un castigo por parte del Estado, es lo correcto y lo justo; pero para ello, no basta con la sola voluntad de castigar al presunto responsable, hay que probarlo, y demostrarlo en juicio, incluso, respetando las garantías individuales del procesado, nos guste o no, son las leyes y hay que respetarlas, esto incluye a los órganos encargados de la impartición de justicia, son los principales obligados.

La reflexión viene a cuenta por el proceso que enfrentan el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.

La decisión del gobierno federal es correcta, perseguir y llevar a juicio a los probables responsables de actos de corrupción.

Es el primer golpe certero en contra de la impunidad, pero para lograr el máximo objetivo, el de la justicia, antes tendrán que establecerse dos elementos fundamentales; el debido proceso y la objetividad.

El debido proceso quiere decir, en pocas palabras, un juicio apegado a la ley, mientras que la objetividad está más relacionada con la motivación del Estado para echar a andar a sus órganos persecutores; es decir ¿a quién se quiere castigar y por qué motivo?

Es aquí en donde radica el gran reto del gobierno mexicano, demostrar que su interés por impartir justicia es legítimo y que puede hacerlo respetando la ley, si se cumplen con estas dos primicias, puedo asegurar que el renacimiento de México sí es posible.

El Presidente de México cuenta con el apoyo de la mayoría para investigar los posibles actos de corrupción hasta sus últimas consecuencias, regatearle el apoyo en este tema es un despropósito, serán los encargados de perseguir los delitos, los únicos responsables de respetar la ley y de no usar los aparatos del Estado en su beneficio, en ello nos jugamos el futuro.

HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

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