Nombramientos en las fiscalías especializadas

Francisco Gárate Chapa / Articulista / Heraldo de México
Francisco Gárate Chapa / Articulista / Heraldo de México

El viernes pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró, en términos del artículo 102 inciso A párrafo segundo después de la fr. VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los fiscales especializados en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

Al margen de valorar como positiva dicha acción, porque permite completar la integración constitucional de la Fiscalía General de la República, vale la pena, sin embargo, referir la manera en que ésta se realiza.

Por un lado, he de expresar que me causó una agradable sorpresa conocer que en la Fiscalía de Combate a la Corrupción se haya nombrado como su titular a una persona de formación académica amplia y sólida, seria, honesta, profesional y experimentada, me refiero a la doctora María de la Luz Mijangos Borja, a quien tuve oportunidad de conocer y tratar en el Instituto Nacional Electoral, como coordinadora de Asesores del consejero Benito Nacif y quien en el pasado ha desarrollado una importante labor en asuntos de fiscalización respecto del manejo y uso de recursos públicos en su paso como contadora mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México, persona con quien se da un paso relevante en la integración de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otro lado, me causó escozor la propuesta de José Agustín Ortiz Pinchetti como fiscal para la Atención de Delitos en materia electoral, no porque dude que sea una persona académicamente sólida y con una interesante carrera en el servicio público; sino por ser esposo de Loretta Ortiz, que es una de las candidatas propuestas por el Presidente de la República a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en caso de resultar designada, representaría, sin duda, un conflicto de interés; además, por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador considero que no abona, en área tan sensible, a generar un clima de confianza entre los actores políticos; no es que se trate de nombrar a alguien a modo, de lo que se trata es de nombrar a alguien sí experimentado y capaz, pero también de consenso, que dé las garantías de un trabajo que se realice con absoluta imparcialidad y profesionalismo, que es lo que no puede brindar alguien con tal cercanía con el Presidente e intereses en Morena.

Decía don Jesús Reyes Heroles que en política la forma es fondo, sin tener la obligación legal de hacerlo, porque en todo caso sólo tiene la de informar los nombramientos al Senado, quien puede objetar con el voto de dos terceras partes de los presentes; considero que en este tipo de nombramientos, debe realizarse un ejercicio de apertura, de transparencia, me parece que en un régimen que se precie de democrático el fiscal general de la República tiene que justificar el nombramiento de los fiscales especializados y someterlos a escrutinio, sobre todo en un aspecto tan sensible y que la sociedad mexicana está exigiendo como lo es el combate a la corrupción, porque al final de lo que se trata es de darle orden a la vida pública de México, de combatir la corrupción y acabar con la impunidad y esto no se puede lograr ni con los cuates ni con los incondicionales.

 

Ex representante del PAN ante el INE

@pacogarate

 

 

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