No olvidar Baja California

Si realmente se cree que lo ocurrido fue un agravio contra la democracia, es necesario ensayar el camino del juicio político

Arturo_Sánchez_Gutiérrez
Arturo Sánchez Gutiérrez / Decano Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey

Visitar Ensenada fue ilustrativo, reconfortante y enfadoso. En cualquier viñedo o en el mismo Husssong’s, (fabulosa cantina del centro de Ensenada) la respuesta era la misma sobre el gobierno saliente: mucha corrupción, mala administración y envejecimiento del PAN en el poder. Pero al preguntar sobre las expectativas del nuevo gobierno en manos de Bonilla, también parece haber consenso sobre su mala fama, su participación en malos negocios y su poca popularidad. Ganó Morena y habría ganado casi con cualquier candidato, comenta un lugareño.

Con todo, el viaje fue reconfortante porque es evidente el potencial turístico y económico de la zona y del Valle de Guadalupe. En poco más de 11 años, las vitivinícolas se han expandido, aunque se esperaba mucho mayor apoyo del gobierno para promover el área, o al menos contribuir a pavimentar los caminos entre viñedo y viñedo. Pero lo verdaderamente enfadoso es la ampliamente reconocida ley Bonilla, con la que muchos bajacalifornianos dan por hecho que el nuevo gobierno durará cinco años.

Recuérdese el trayecto que está siguiendo esta decisión. El Congreso local debe notificar al gobernador la ampliación acordada para publicarla en el Diario Oficial del Estado. Mientras eso no ocurra, el acto jurídico está inconcluso y ninguna acción de inconstitucionalidad es válida. Mientras más tarde se publique, menos tiempo tendrá la Corte para resolver el caso, pero más grave sería que la Corte dudara sobre el sentido de su resolución. Extender el periodo de gobierno en Baja California sentaría un peligroso precedente, debilitaría la integridad de los principios del Derecho en los que se basa nuestra Constitución y mantendría vivas las especulaciones sobre lo que pudiera pasar en otros niveles del poder.

Lo que sorprende es la poca presencia de la oposición en esta lucha. Bien que el presidente del PAN exija terminar con la tardanza de los diputados morenistas y qué bueno que se proceda a expulsar del partido a quienes votaron la reforma. Con todo, hoy se requiere de una oposición que utilice los recursos con más osadía: hay una investigación por realizar; si realmente se cree que lo ocurrido fue un agravio contra la democracia, es necesario ensayar el camino del juicio político; si se desea evitar que continúe el atropello, es necesario asegurar que los 11 ministros de la Corte conozcan sobre la trascendencia del hecho y actúen en consecuencia.

Para estas decisiones, la Corte requiere el voto de ocho de los 11 magistrados. Basta que cuatro de ellos voten en contra para que impidan corregir el agravio al país.

En este proceso está en juego la rectitud con la que se comporte el Congreso local, la habilidad de la oposición para interponer los recursos de inconstitucionalidad y la independencia y autonomía de la Suprema Corte.

Baja California seguirá ahí con su riqueza y belleza, pero el país podría correr grandes riesgos. No olvidemos lo que está pasando en este caso. 

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

DECANO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO, ITESM

@ARTUROSANCHEZG

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