No más chapulines fifís, AMLO dixit

La 4T promoverá que los servidores públicos no puedan desempeñar funciones en empresas privadas

Gabriel Baducco / Así de sencillo / Heraldo de México
Gabriel Bauducco / Así de sencillo / Heraldo de México

Chapulines fifí, dijo el Presidente que se llaman los servidores públicos que, después de haberse desempeñado en funciones para el Estado, se van con la información y experiencia adquirida a trabajar en la iniciativa privada, con las obvias ventajas que esto implica para la empresa que los contrata. Petroleras internacionales, compañías dedicadas a la energía eléctrica, etc.

Pero lo mismo aplica para otros asuntos. Por ejemplo, ¿recuerda estos cuatro nombres?: Jaime Serra Puche, Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Pedro Aspe. Todos ellos protagonistas del tremendo Error de Diciembre (que ya no necesita explicación).

Serra Puche fue nombrado presidente del Grupo Financiero Bancomer en 2018. Zedillo Ponce de León es el mandatario que más participación en empresas privadas ha tenido. Recuerden que desde que terminó su mandato, ha trabajado en por lo menos ocho compañías como asesor o integrante de su Consejo de Administración. Pedro Aspe fue fundador del grupo Protego y Copresidente de Evercore Partners (una empresa de asesoría financiera). Guillermo Ortiz en Banorte y… les pongo estos ejemplos, porque todos los tenemos presentes, pero la lista es interminable, incluso después de la restricción de ley. Total, que la ley no se los prohibía entonces.

Bien, López Obrador dice que en la 4T promoverán (y conseguirán, quién lo duda, con mayoría en ambas cámaras) que los servidores públicos no puedan desempeñar funciones en empresas privadas que tengan relación con la información que administraban , por un plazo de 10 años. ¿Es mucho tiempo? ¿Es demasiado? Habrá que revisarlo.

Habría que hacer cambios a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que fue promulgada en el año 2001 y que en su artículo 9, ahora dice lo siguiente: el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: a) en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba (…); b) no usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público.

Los cambios que se tienen que hacer están incluidos ya en la iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana, que fue presentada el 11 de septiembre de 2018 en cámara de diputados, por la bancada morenista.

En realidad no hace mención como tal de ocupar puestos en el sector privado, sin embargo resaltan que no pueden hacer uso de su influencia y conocimientos ni sacar provecho de su participación en el sector público. Pero deberán ser más específicos, si pretenden poner semejante restricción. La pregunta que debemos hacernos es, qué profesionales de gran talla querrán aceptar un puesto en la función pública, si después no podrán hacerlo durante una década en la IP.

Así de sencillo.

 

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@gabrielbauducco

 

 

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