Nicaragua: aquí no pasó nada

La Ley de Amnistía deja impunes los abusos cometidos por las fuerzas del orden contra manifestantes

Opinión de Alejandra Martínez / Rompeolas / El Heraldo de México
Opinión de Alejandra Martínez / Rompeolas / El Heraldo de México

Nicaragua está viviendo un borrón y cuenta nueva, la Asamblea Nacional aprobó una polémica Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos detenidos durante las protestas que estallaron en abril de 2018.

El problema es que deja en total impunidad los abusos y asesinatos cometidos por policías y fuerzas del orden contra manifestantes y estudiantes. Además, la legislación se basa en el argumento oficial de que las protestas contra la fallida reforma a la Seguridad Social fueron un intento de golpe de Estado contra el régimen del sandinista Daniel Ortega.

De paso, el régimen ata de manos a los presos liberados; los beneficiarios de la amnistía no podrán volver a las calles a protestar. Una victoria redonda para Ortega, en el poder desde 2007.

Los opositores, enjuiciados por terrorismo, cumplían penas desproporcionadas de hasta 216 años de cárcel por manifestarse contra el gobierno.

La de ahora es considerada la peor crisis política que vive Nicaragua desde la guerra civil de la década de los 80.

Según el Índice de Paz Global 2019 dado a conocer el pasado miércoles, Nicaragua es el país que mayor deterioro de la paz social tuvo en todo el mundo durante 2018, cayó 53 puestos para situarse en el sitio 120 de 163 naciones evaluadas.

De acuerdo con este informe, lo que hubo en el país fue represión estatal y no un intento de golpe de Estado.

En abril de 2018, la lenta respuesta para combatir incendios forestales y el proyecto de ley para modificar la ley de Seguridad Social desataron feroces protestas en todo el país, que fueron apagadas con grupos de choque y la detención de manifestantes, principalmente líderes campesinos y estudiantes.

Por meses se reportó la persecución de universitarios, que se refugiaban en templos católicos para evitar las ráfagas de los grupos de represión sandinistas.

Los organismos de derechos humanos cifran entre 324 y hasta 594 los muertos, la mayoría en manos de la policía, y en 750 los detenidos.

Opositores encarcelados relataron que vivían en condiciones de hacinamiento, sin iluminación o ventilación y que en su comida había grapas metálicas.

La Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio, ha sido reprobada por movimientos sociales y políticos, incluso Michell Bachelet, ex presidenta de Chile y ahora alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ha alertado que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional.

Analistas señalan que la amnistía, además de darle impunidad al régimen, es una maniobra para evitar sanciones internacionales, Estados Unidos y la Unión Europea amagan con aplicarlas.

Con lo que Ortega no contaba es que, según el Estatuto de Roma, creado en 1998 junto a la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La OEA, la CIDH y el GIEI han documentado esos delitos y consideran que el sandinista debe ser juzgado. No todo está perdido.

 

POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

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@ALEJANDRAMTZ_87

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