Negarse al desamparo

Un escenario de reciente notoriedad es el de la ordeña de ductos (huachicoleo)

Negarse al desamparo

Mientras seguimos entrampados en la discusión de una eventual legalización de la mariguana y la amnistía a sus productores como panacea en materia de seguridad, la complejidad y sofisticación del crimen siguen avanzando. Un escenario de reciente notoriedad es el de la ordeña de ductos (huachicoleo), y el robo de combustibles que en muchos casos se realiza directamente en las plantas de distribución de Petróleos Mexicanos, y en la que participan, por amenaza o conveniencia, muchas estaciones de servicio. Este rasgo del fenómeno ha alcanzado una densidad tal, que es motivo de una lucha entre organizaciones delincuenciales alrededor de la refinería de Salamanca, y hasta de la existencia de un santito no reconocido por la Iglesia católica.

El profundo dolor causado por el creciente crimen y la impunidad, y la falta de respuestas, especialmente de explicaciones y alternativas, por parte de las autoridades, es palpable e innegable. No extraña que los foros que ha abierto el gobierno entrante para discutir la reconciliación se hayan convertido primordialmente en una catarsis de los afectados por la violencia de los criminales y la indolencia de las autoridades. Vivimos una crisis sin precedentes en materia de seguridad e impunidad.

Al escenario de por sí complejo de la primera década de este siglo, y a los éxitos incipientes de reconstrucción de la armonía en lugares como Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana, se han sumado, en los últimos seis años, una amplia diversificación de las redes criminales, cambios estructurales en su combate en Colombia y los Estados Unidos, y otros cuyo alcance nos escapa.

Pero lo más angustiante no es lo que han hecho las bandas criminales o los gobiernos extranjeros. Lo que no puede seguir es lo que hemos hecho o dejado de hacer nosotros. Ilustra el caso la suma de respuestas al periplo de un tráiler cargado de personas fallecidas por Guadalajara. No se sabía dónde ponerlos. No se sabe quiénes son todas estas personas, ni quiénes son sus deudos. No sabemos aún cuánto más estarán arrumbados, ni se sabía en principio cuántos eran, y ninguna autoridad quiso asumir la decisión de tenerlos en traslados sin claridad de cómo proceder.

El gobernador dijo no saber de la situación de incapacidad de su servicio forense. El fiscal estaba de vacaciones y tardó en regresar. El responsable del forense dijo que sólo cumplía instrucciones. El presidente en funciones y todo su gabinete de seguridad han optado por el silencio. El Presidente electo aprovechó para recordar un fraude que no existió y culpar de todo a la hipótesis del avispero.

¿Qué le dice esta serie de reacciones, de autoridades electas y en funciones, a la gente? Y no me refiero exclusivamente a las víctimas, en cuyo caso lo severo del drama es difícil siquiera de imaginar. Pienso en el resto de las personas que vivimos en México, que atestiguamos estupefactos este espectáculo de irresponsabilidades. Es un mensaje de desamparo, que acaba soportando hipótesis de escapismo, que sugieren que nunca podremos vivir en justicia y seguridad.

Ruego al lector que no caiga en esa trampa. Se puede cambiar este rumbo. Se requiere, por principio de cuentas, servidores públicos que asuman ese apelativo, y estén dispuestos a entender de problemas complejos y apostar a soluciones de mediano plazo. Y existen. No son sólo de un partido ni de un orden de gobierno. Aunque en esta ocasión no aparezcan.

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OpiniónRaymundo Sánchez  / Periscopio / Heraldo de México

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