Moreira al estilo Maduro

Cerca de las 8 PM, agentes judiciales llegaron a la llamada “Casa de piedra” en la colonia Capellanía. Entraron, se quedaron más de 3 horas y se retiraron


El pasado viernes en la noche, la Procuraduría de Coahuila emprendió un extraño (por calificarlo de algún modo) operativo en una casa propiedad de la familia del empresario y político panista Ernesto Saro Boardman, quien ha sido dos veces alcalde del municipio de Ramos Arizpe.

Cerca de las 8 de la noche, agentes judiciales llegaron a la llamada Casa de piedra en la colonia Capellanía. Entraron, permanecieron por más de 3 horas y luego se retiraron. Al día siguiente, ocurrieron dos operativos similares en domicilios de Torreón y Saltillo.

El domingo, la Procuraduría coahuilense envió un extenso comunicado de prensa donde explicaba que los cateos realizados derivan de dos carpetas de investigación en los que se indaga en primer término la compra masiva de votos en el estado con dinero de procedencia ilícita. La segunda investigación se refiere a la aportación de entidades públicas y el pago a proveedores sin ingresar a la fiscalización obligada para los partidos políticos y candidatos, ambas denuncias presentadas por el PRI en contra de la campaña del panista Guillermo Anaya.

En los domicilios se encontró suficiente evidencia documental que hace presumir razonablemente que estamos en presencia de un hecho delictivo de naturaleza electoral, por tener datos certeros como nombres, listas de nómina, acuses de recibo de tarjetas de nómina (lo que confirma la línea de investigación que con dichas tarjetas se compró el voto), documentos de propaganda que no fueron sometidos a los procesos de fiscalización, entre otros, continuaba el comunicado. Pocas veces me ha tocado ver tanta contundencia en una investigación.

Por estos hechos, el excandidato Guillermo Anaya interpuso ayer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra ante la CIDH. Me dice que la pretensión del actual gobierno es emparejar cartones, toda vez que el priista Miguel Angel Riquelme no podría competir en caso de anularse la elección. Niega que cualquiera de los domicilios cateados haya sido usado durante su campaña. Uno es de una constructora y otro de una casa particular, los 3 son domicilios de panistas. Agrega que la ofensiva ha aumentado en las últimas horas. Están mandando citatorios a diestra y siniestra, intimidando a familias enteras, las obligan a decir que recibían pagos, etc.

El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, acusó al gobernador Rubén Moreira de sembrar pruebas falsas. La Procuraduría le contestó en otro comunicado donde califica como temerarias sus declaraciones y asegura trabajar en la investigación y persecución de los delitos en estricto apego a la ley.

Ojalá sea así, que la justicia está haciendo su trabajo y que las investigaciones sean igual de tenaces en otras denuncias electorales. Ojalá sea eso y no que Rubén Moreira pretenda amedrentar a la oposición en el conflicto post-electoral al estilo Nicolás Maduro.

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