Migración, igualdad

El reconocimiento efectivo de la igualdad debe darse ante la ley, amparada por el Estado de Derecho

Jorge Camacho / Diacrítico / Heraldo de México
Jorge Camacho / Diacrítico / Heraldo de México

Con frecuencia, se habla de la migración como si fuera un problema. En realidad, no lo es. Otra cosa es que por diferentes motivos se considere así. La migración es un derecho. Nadie le pueda negar a un matrimonio, a un padre, a una madre, a un hombre o a una mujer su derecho a buscar mejores condiciones de vida para él o para su familia. Migrar es un derecho; en ocasiones, un deber.

Las políticas migratorias que adoptan los estados no deberían orientarse a erigir muros y barreras. El conflicto no reside en los migrantes, sino en los países de acogida cuyas leyes desbaratan ese derecho universal. México aplica un doble rasero: mientras se escandaliza ante las medidas en contra de nuestros migrantes en el otro lado, se aplican semejantes a quienes entran a nuestro país por la frontera del sur. La vida de un mexicano es tan valiosa como la de cualquier ser humano. Los mismos derechos que reivindicamos para nuestros compatriotas que cruzan el Bravo son los que deberíamos exigir para quienes se establecen en nuestro territorio.

Curiosamente, el fenómeno migratorio mexicano exhibe una discriminación más: no es lo mismo recibir a determinados colectivos que a otros. Todavía, hipócritamente, alardeamos de la migración republicana española de 1939, pero nos negamos a hablar tan siquiera de quienes a día de hoy, procedentes de Guatemala o Nicaragua, pretenden seguir con su vida entre nosotros. La existencia de una familia salvadoreña no es menos importante que la de una de Sevilla. Distinguir entre unos migrantes y otros en razón de su origen es racismo, manifestación explícita de que la igualdad es palabra vacía.

La igualdad es un derecho universal, de manera que en su virtud deberíamos acoger de la misma manera a todos. Resistirse a dotar a los migrantes de amparo legal, de condiciones acordes con la dignidad humana, a respetar sus derechos en tanto que seres humanos, resulta abolir de hecho la cacareada igualdad.

El reconocimiento del otro no está condicionado porque provenga de Estocolmo, de París, de Tokio, de Gabón o de Pekín, sino porque es un ser humano. La igualdad es un principio universal, por eso la legislación de los países deben ajustarse a ese derecho y no a sus intereses particulares.

El reconocimiento efectivo de la igualdad debe darse ante la ley, amparada por el Estado de Derecho.

La única defensa de que gozan los desheredados y marginados es el Estado de Derecho.

Su aplicación efectiva asegura el recorte de las brechas sociales y económicas. No se trata de que todos tengamos las mismas condiciones de vida, sino de que todos gocemos de las mismas oportunidades para vivir en el ejercicio de nuestra libertad.

Los migrantes no deberían tener el menor problema. En todo caso, lo tenemos nosotros porque no los aceptamos. Discriminar a quienes son diferentes revela no sólo la hipocresía del gobierno y de la sociedad, sino sobre todo que la igualdad es un vocablo sin sentido.

 

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@CAMACHO_JORGE

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