Memorándum vs. proceso legislativo

Se trata de un tema que, más allá de la propia discusión en la materia, adquirió una doble relevancia

Miguel Ángel Osorio / Coordinador de los Senadores del PRI
Miguel Ángel Osorio / Coordinador de los Senadores del PRI

En las últimas semanas, la Reforma Educativa ha ocupado un espacio importante en la agenda nacional.

Se trata de un tema que, más allá de la propia discusión en la materia, adquirió una doble relevancia, luego de que el gobierno anunciara su intención de cancelarla de manera unilateral.

Al respecto vale la pena señalar tres puntos.

En primer lugar, la reforma aprobada durante la administración pasada significó un gran paso a favor del derecho de las y los niños a una educación de calidad, y, muy importante, para avanzar en que el Estado recuperara la rectoría en la materia.

Así lo han reconocido asociaciones de padres de familia, distintos sectores del magisterio, varias fuerzas políticas y organismos internacionales.

En segundo lugar, y más allá de cualquier juicio de valor, hay que reconocer que el gobierno, así como su mayoría en el Congreso, pueden proponer e impulsar los cambios que consideren necesarios y convenientes. Pero siempre respetando el interés superior de la niñez; y, algo fundamental, cumpliendo el proceso legislativo que establece la propia Constitución. Esto quiere decir, que cualquier modificación a la ley tiene que pasar por el Congreso.

En este sentido, un tercer punto es que el titular del Ejecutivo no puede emitir un documento en el que se ordene a miembros del gabinete ignorar disposiciones vigentes, menos aún si son constitucionales.

En la práctica, lo que se exige es no cumplir la ley. Esto, atenta contra la separación de poderes y contra el Estado de Derecho. Pero lo más grave es que se manda un mensaje equivocado en materia de legalidad.

Quienes somos servidores públicos, somos los primeros obligados a cumplir la ley. No importa si se trata de un regidor en una comunidad remota, de un legislador federal, de un ministro de la Suprema Corte, o del Presidente, todos protestamos guardar y hacer guardar la Constitución. Ésa es nuestra obligación más importante.

Por todo ello preocupa la situación que se ha dado en los últimos días. No sólo porque se haya emitido un documento ilegal; sino porque, en el fondo, lo que se pone en tela de juicio es la validez y el respeto a nuestra Carta Magna.

Reitero, el gobierno puede proponer cambios a cualquier ley, pero hay un proceso muy claro para hacerlo, y la autoridad es la primera obligada a respetarlo.

Hay disposición y vocación para el diálogo y la buena política. Por eso mismo, no podemos quedarnos callados cuando se busca atropellar la Constitución y anular la función del Poder Legislativo. Ésa no es la vía para generar consensos; ésa es la vía de una imposición que no tiene lugar en una democracia como la nuestra.

 

Por MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

@OSORIOCHONG

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