Luis Roberto Castrillón: La estrategia de comunicación de la 4T

Es difícil avanzar, como país, si los datos que las personas necesitan para analizar, debatir y discutir públicamente

Jorge Carlos Ramírez Marín

La falta de información precisa, oportuna y comprobable es un riesgo para cualquier sociedad que aspire a un desarrollo democrático y participativo. Eso debería tenerlo en cuenta la estructura del gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Es difícil avanzar, como país, si los datos que las personas necesitan para analizar, debatir y discutir públicamente —ya sea desde el acuerdo o el disenso— lo que sucede en el día con día, en el quehacer del gobierno o incluso ante fenómenos naturales, fluyen de forma inconsistente o sesgada.

Resulta peor cuando la discusión termina arrastrada al campo abierto y sin control de los medios sociodigitales, donde el exceso y la visceralidad, las filias y fobias, o incluso estrategias de propaganda, contaminan el debate público y reducen el chance de contar con una ciudadanía siquiera medianamente informada.

De lo visto y escuchado hasta la fecha, pareciera que al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al resto de su equipo, les importara más que la población tenga algo en que creer a que cuente con certezas y datos para tomar las mejores decisiones, desde la individualidad y como parte del colectivo.

Sin datos y sin los canales a la información pública abiertos en su totalidad, sin instituciones que trabajen de forma coordinada para hacer diagnósticos correctos (sin diferencias como las que existen sobre el número de homicidios o desaparecidos por la violencia, o en el acceso a la conectividad) o que deban recortar presupuesto para estudios, como deberá hacerlo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), poca utilidad tienen en realidad las horas dedicadas por el Presidente a reunirse con periodistas cada mañana.

Además de un desgaste para la comunicación entre sociedad y gobierno, las conferencias presidenciales matutinas han aportado poco más allá de, quizá, reforzar el respaldo de quienes votaron por él y sus propuestas.

Empero, la ciudadanía mexicana es más que capital de votantes. Esa ciudadanía, en su totalidad, requiere la información y el gobierno está obligado a proporcionársela sin más intermediación que una estrategia de accesibilidad cómoda y lo más expedita posible (art. 6to. constitucional, inciso A).

Mientras eso no pase, sobrarán entre quienes están a favor o en contra de López Obrador y su proyecto, los que aprovecharán la vacuidad del debate en medios sociodigitales para distorsionar y engañar.

Y si la estrategia es dejar que las benditas redes sociales sirvan como línea de defensa o de comunicación gubernamental, el resultado puede ser poner a la sociedad en una senda riesgosa y de confrontación, más que en una de entendimiento para construir un mejor México. Eso sería una lástima.

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