Lozoya y la falta de coordinación

Al final, la SFP y la UIF actuaron por la libre, asumiéndose como fiscales sin tener las facultades para completar la obra, contraviniendo no sólo la postura del presidente

Rubén Salazar Vázquez / Director de Etellekt / Columnista Invitado

Como solía ocurrir en los gobiernos priistas de la era neoliberal en sus primeros meses de vida, la Cuarta Transformación (4T) emprendió la pesca de su primer pez gordo por corrupción, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sólo que no con la misma efectividad y coordinación de antaño. A diferencia de lo hecho por los últimos cuatro ex presidentes del PRI, quienes detuvieron a los imputados con la facilidad que les permitía el controlar por completo a sus procuradores, la 4T se lanzó al ruedo mostrando una evidente falta de coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual funciona ahora con total autonomía del Poder Ejecutivo.

Autonomía que no terminan de asimilar en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes al anunciar prematuramente la inhabilitación y congelamiento de las cuentas de Lozoya, respectivamente, lo pusieron en alerta y facilitaron involuntariamente su fuga, entorpeciendo el trabajo de la FGR para lograr su detención. De cierto modo salió información que no nos ayuda; el caso se tiene que llevar con la mayor secrecía, advirtió el fiscal Alejandro Gertz, tras confirmar la orden de captura girada contra Lozoya.

Al final, la SFP y la UIF actuaron por la libre, asumiéndose como fiscales sin tener las facultades para completar la obra, contraviniendo no sólo la postura del presidente López Obrador de no hacer espectáculo con las pesquisas por corrupción, y pasando por alto que la FGR no responde ya ni a las agendas políticas particulares del Presidente y menos a las de sus funcionarios. Tan es así, que AMLO tuvo que pedir a la UIF el desbloqueo de las cuentas de la empresa Altos Hornos de México que había ordenado Santiago Nieto como medida cautelar en contra de Lozoya.

Pero también, tanto la SFP y la UIF mostraron una evidente falta de capacidad para resguardar información sensible que sólo debía compartirse con la FGR y transparentarse bajo el principio de máxima publicidad hasta después de que se concretara la aprehensión de Lozoya.

De haberse logrado su detención, entonces sí habría tenido sentido anunciar el congelamiento de sus cuentas y su inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que hubiera sentando un precedente de coordinación institucional en el combate a la corrupción que impidiera dejar resquicios que puedan ser aprovechados por la defensa de los acusados y perder los casos ante los tribunales.

La SFP y la UIF cometen un error al hacer públicas medidas cautelares de carácter administrativo y financiero en delitos graves cometidos por funcionarios que ameritan prisión preventiva (la medida cautelar más efectiva de todas). Desconocer esto es actuar sin protocolos de coordinación que permitan un combate efectivo de la corrupción en la 4T y abona a una percepción social creciente de fisuras, ineptitud e incompetencia en el gabinete de AMLO, cuyos riesgos se reflejan también en una mayor desconfianza de inversionistas sobre las capacidades del nuevo gobierno, que el Presidente no puede continuar soslayando. ¿Quién terminará pagando los platos rotos de esta pifia en el caso Lozoya?

RUBÉN SALAZAR

DIRECTOR DE ETELLEKT

@ETELLEKT_

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