Naldy Rodríguez: Los expedientes secretos

Sin duda, las víctimas de todas las atrocidades y sus familias tienen derecho a la verdad y México, a la memoria histórica

Columna Invitada / Javier López Casarín / El Heraldo de México
Columna Invitada / Javier López Casarín / El Heraldo de México

Abrir los archivos de todas las corporaciones de espionaje político que trabajaron desde 1917 hasta el 30 de noviembre de 2018 resulta por demás interesante y hasta morboso. Seguramente lo que se encontrará ahí será digno de una película o un libro. Las antiguas Comisiones de Seguridad, como la DGIPS, la DFS y el Cisen, tenían entre sus funciones mantener la seguridad nacional (muy bien definidas en la normatividad), pero, sin lugar a dudas, dentro de sus tareas no escritas estaba vigilar a personas o instituciones consideradas adversarios.

En la práctica se prestaban a toda clase de investigación con fines claramente políticos. En esos términos, dicen quienes fueron parte, se conservaba todo documento que afectara de alguna forma el objetivo de proteger la seguridad de la nación de actos que la pusieran en riesgo, tanto internos como externos.

En 100 años, el periodo de los documentos que se develarían, México ha pasado por diversos hechos históricos: el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco en 1968, la irrupción del Ejército Zapatista en 1994; la masacre de Aguas Blancas, y en la última década: Ayotzinapa y Tlatlaya. Además, el magnicidio de Colosio, los homicidios de Ruiz Massieu y el del cardenal Posadas; la sistemática desaparición de jóvenes y el asesinato de mujeres. Sin duda, las víctimas de estas atrocidades y sus familias tienen derecho a la verdad y México, a la memoria histórica. Será un hecho inédito la apertura de los archivos de espionaje político. Ojalá el anuncio de López Obrador, reforzado por Beatriz Gutiérrez Müller, se haga realidad para salvaguardar su recuerdo en el colectivo.

Por ahora, lo que ya debería ser público es la información de las intervenciones telefónicas por parte de las autoridades investigadoras. La ley señala que podrá realizarse, siempre y cuando se cuente con la orden de un juez y se acrediten ciertas hipótesis.

Si bien se trata de una de las obligaciones de transparencia trimestrales que tuvieron que actualizar antes del 30 de enero, algunas fiscalías estatales como Puebla y Veracruz no cuentan con información al respecto.

La ley de transparencia impone como obligación el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica, que contenga el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento.

Veracruz, hasta el tercer cuatrimestre de 2018, reporta que no hicieron solicitudes de intervenciones telefónicas en ninguna carpeta de investigación. Querétaro realizó cerca de 100 en 2017, con compañías como Iusacell y Telcel, pero en el reporte más reciente señala que no tuvieron. Chiapas reporta 14 intervenciones y Oaxaca más de un centenar durante el año pasado.

Además de los expedientes históricos en las corporaciones de seguridad, hay que exigir el cumplimiento en los estados de las intervenciones telefónicas, que se hagan públicas para no dejar lugar a suspicacias.

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