Los amparos contra la arbitrariedad

Ni los jueces, magistrados o ministros de la Corte deben resolver pensando en el eventual enfado presidencial

Enrique_Rodríguez
Enrique Rodríguez / Libertad bajo palabra / Heraldo de México

Para algunos, los amparos son juicios incómodos en un régimen que tiene pulverizada a su oposición política y aunque se ha dicho que no se puede esperar que el Poder Judicial de la Federación asuma ese papel opositor que le corresponde a los partidos, los juzgadores federales logran, a través de sus decisiones, que los ciudadanos se resistan a los actos de autoridad en la hegemonía casi absoluta de la 4T.

Esto explica por qué el presidente López Obrador ha advertido que dará a conocer los nombres de los jueces que conceden amparos considerados unilateralmente indebidos. El Ejecutivo federal no tiene facultades constitucionales para intervenir en las decisiones de otro poder, de cuya autonomía e independencia depende en gran medida la preservación del Estado de Derecho en un sistema democrático. ¿Quién tiene la vara para medir lo que es debido o indebido, sin que se tome en cuenta algo que se llama certeza jurídica?

Ni los jueces, magistrados o ministros de la Corte deben resolver pensando en el eventual enfado presidencial o los efectos políticos de sus decisiones, de lo contrario, traicionarían la esencia de su función como garantes imparciales de la Constitución.

Ante la ola de amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Consejo de la Judicatura Federal determinó concentrar en un solo juzgado todas las demandas sobre este tema y la cancelación del proyecto de Texcoco para evitar que como ha ocurrido, se dicten sentencias contradictorias sobre los mismos reclamos.

A pesar de las negociaciones, en busca de hacer respetar sus derechos, cientos de policías federales han presentado amparos para evitar su traspaso a la Guardia Nacional.

Los gobiernos locales también están sujetos a que les enmienden la plana, como es el caso de la suspensión definitiva que logró recientemente Greenpeace para ordenar a los gobiernos de Claudia Sheinbaum, en la capital, y Alfredo Del Mazo, en el Estado de México, declaren las contingencias ambientales cuando los niveles de contaminantes rebasen los 100 puntos del Imeca y no hasta los 150 como lo prevén los programas actuales que contradicen normas oficiales.

Guste o no, el amparo es legítima y valiosa herramienta que permite a los ciudadanos oponerse a las decisiones de una autoridad por poderosa que sea.

EDICTOS: La renuncia de Carlos Urzúa sentó muy bien mediáticamente para aminorar de botepronto el escándalo sobre la trastada del Congreso local en Baja California, que en sesión extraordinaria nocturna, aprobó modificaciones a la Constitución estatal para aumentar 3 años el periodo del gobierno de Jaime Bonilla. La maniobra en la que participaron 21 legisladores; 9 del PAN, 5 del PRI, 6 de Morena y uno del Panal vulnera la decisión de los electores que votaron por un mandato de 2 y no de 5 años. Es inminente la llegada de este asunto a revisión de la Suprema Corte de Justicia.

Anticipo que esta columna se va de vacaciones a partir del 16 de julio, hasta el domingo.

Por Enrique Rodríguez

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