López Obrador ante la justicia

Pretende darle la vuelta a la operación para capturar a Ovidio Guzmán, el origen de este episodio que marcó al gobierno

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Alvaro Delgado / Historia de lo inmediato / Heraldo de México

Detrás de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de dejar ir al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán que lleva el nombre del poeta romano, cuya obstinación en la captura habría llevado a una matanza que lo igualaría a Felipe Calderón, hay historias difusas de ineptitud, protagonismos, intrigas y hasta traiciones que se puede esclarecer gracias al PAN.

¿Al PAN? Sí: este partido presentó, al día siguiente del desastroso operativo del jueves negro, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los funcionarios involucrados en el caso, incluido el Presidente de la República que ya se dijo dispuesto a comparecer para exponer mis razones del porqué no a la violencia.

López Obrador pretende darle políticamente la vuelta a la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, que fue el origen de este episodio que ya marcó al gobierno, pero si los abogados del PAN son inteligentes, o toman en serio el caso, podrían ayudar a identificar la cadena de mando y a los responsables de impartir las órdenes.

La indagación sobre el operativo ya la inició el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, y si el PAN lo pide debe formar parte de la carpeta de investigación que iniciará la FGR, para dar con quienes enviaron al comando policiaco-militar a Culiacán que, según el general, actuó de manera precipitada y no midió la capacidad de respuesta de los delincuentes.

Es sabido que desde 2018 había una orden de aprehensión con fines de extradición contra Ovidio, pero se debe identificar quién dispuso ejecutarla con sólo entre 30 y 35 elementos, en la ciudad sede del Cártel de Sinaloa y en Tres Ríos, su madriguera.

El operativo se hizo al margen de la Marina, que desde Calderón ejecutaba estas acciones con la ilegal participación de la DEA, pero en el comando participaron miembros de la Guardia Nacional, cuyo mando civil es Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, y de la Policía Ministerial Militar, que depende de la Sedena que encabeza Sandoval.

Si Durazo y Sandoval, así como el almirante Rafael Ojeda y la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, no estaban enterados del operativo, se evidencia descoordinación y ruptura de mando en el gabinete, pero también nulidad del Centro Nacional de Inteligencia, que dirige el general Audomaro Martínez Zapata.

Hay una aberración adicional: salvo que se quisiera capturtar a Ovidio en la calle, no se entiende cómo un operativo de captura se hace sin orden de cateo.

No será difícil identificar al responsable del operativo que unánimamente es visto como desastre —la decisión de dejar ir a Ovidio es la polémica: capitulación o preservación de vidas—, más aún si Durazo dio la versión embustera de que la crisis inició con la agresión a una patrulla.

Durazo no es de fiar para un sector del gabinete, sobre todo el castrense, no se ve autoridad en Sánchez Cordero y al canciller Marcelo Ebrard lo ven muy adelantado hacia 2024. Entre las grillas, nadie exonera al gobernador Quirino Ordaz.

POR ÁLVARO DELGADO

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